La ley vigente, que alguna vez fue el motor del sector, reservaba el mercado interno para las pymes y destinaba la producción de las cerealeras a la exportación. Pero el proyecto que lleva un año durmiendo en el Congreso, presentado por el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, parece diseñado a medida de Santa Fe y Córdoba, según la CEPREB.

“Les reduce el mercado a las pymes en más de 300 mil toneladas, poniendo al sector al borde del colapso”, disparó Federico Martelli, director de la Cámara, tras exponer en una comisión legislativa.

La crítica no se queda ahí. Desde las pymes de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Entre Ríos acusan a Pullaro y Llaryora de armar un esquema que beneficia a las plantas santafesinas, especialmente aquellas cerca de los puertos, que pueden ofrecer precios más competitivos por menores costos logísticos.

El sistema de licitaciones propuesto en la ley, dicen, es otro guiño a las grandes cerealeras, que ya no tienen mercado externo por denuncias de dumping en Europa y Estados Unidos, donde se quejan de que compran soja un 35 por ciento más barata por retenciones y venden el biodiesel sin impuestos.

El diputado santafesino Joaquín Blanco intentó defender la iniciativa: “El sector atraviesa un momento crítico produciendo a pérdida desde hace más de un año y es necesario avanzar hacia un esquema superador”.

Pero las pymes no compran el relato y advierten que, aunque la ley aumenta el corte obligatorio, solo las plantas a orillas del Paraná, grandes y chicas, saldrán ganando.