Bajo ese escenario, el análisis expone que observando la abrumadoras pruebas o indicios si lo prefiere del actual gobernador Maximiliano Pullaro con los narcos policías y la herencia del narco socialismo es muy posible que se quiera cambiar de Jefe Narco en la ciudad de Rosario, lugar manejado por banda de tranzas del menudeo.

“Las autoridades de Seguridad Pública de Santa Fe, con el ministro de Seguridad y Justicia Pablo Cococcioni a la cabeza, arrancaron con un diagnóstico respecto del estado de la criminalidad callejera en Rosario y la convicción de que el control de las acciones cruentas empieza con una reformulación de las rutinas internas en las cárceles. Eso se tradujo en acciones que se implementaron desde el primer minuto del nuevo gobierno, con una acción en los pabellones donde se alojan reclusos implicados en hechos de alta lesividad para confinarlos de modo especial”, se expresa en el análisis de SEPRIN.

Por supuesto, todo ese movimiento iba a ser traducido en pánico en la ciudad y la policía desbordada, generando que la gente pida a gritos seguridad y Pullaro solicitara la ayuda federal porque la policía no puede controlar a los narcos, pero el fin es otro, cambiar de jefe de Rosario.

Ahora bien, según sospechas de la investigación, es posible que la ministra de seguridad nacional, Patricia Bulrrich supiera de esta maniobra, y consideró mover a las Fuerza Armadas para el circo, que no salió como querían y además envió pocos efectivos. Esto es porque no quería hacerle el caldo gordo a Pullaro, que quería cambiar la plaza.

Se alarga la lista

Siguiendo las huellas, SIPREN remarcó que en su momento Gustavo “Gula” Pereyraen 2017, ex integrante de la disuelta Secretaría de Delitos Complejos, declaró que había bandas narcos que pagaban a políticos y funcionarios para operar en Santa Fe.

Concretamente se dirigió al actual ministro de Seguridad (y por entonces diputado provincial), Maximiliano Pullaro, y Alejandro Druetta, actual titular de Inteligencia de la PDI (por entonces jefe de la ex Drogas Peligrosas en Venado Tuerto).

Según sus declaraciones, ambos cobraban unos 200 mil pesos de parte de una banda narco cordobesa que trasladaba la droga por Santa Fe hacia Buenos Aires, previo paso por Venado Tuerto. Para ratificar sus dichos, mostró un cuaderno de anotaciones que había escrito de puño y letra con sus nombres e indicaciones al respecto que le habían suministrado sus superiores

Bajo ese escenario, los narcos pagaron la campaña de Pullaro, así como pusieron plata en varios políticos provinciales y nacionales.

Ahora bien, cuando aparecen las amenazas, esto es parte del mismo circo. Cualquiera puede hacer este tipo de amenazas, y no necesariamente los narcos (Tranzas) de las cárceles, sino la misma policía corrupta que responde a Pullaro y hasta las boletas.

Por esta razón se entiende porque Patricia armó circo con las FFAA y mando pocos efectivos a la provincia. Además de que no quiere dejar de aplicar el protocolo antipiquetes.

Otros involucrados

Si bien los ya mencionados son pesos pesados, una fuente de Inteligencia señaló a SIPREN que en escuchas telefónicas se menciona a Andrés Mauricio Sánchez Gálvez, que “pretendía ganar las licitaciones de un supuesto proyecto nacional que comprendería la instalación de hangares aéreos y demás actividades afines, de la mano de supuestos jerarcas de las Fuerzas Armadas, quienes según los dichos de los mismos involucrados habrían sido removidos recientemente por el Poder Ejecutivo Nacional”, según surge de la causa.

Para los investigadores, pretendía con el proyecto de hangares y pistas aéreas facilitar operaciones de narcotráfico. De hecho, Andrés Mauricio Sánchez Gálvez le comentó a su esposa, Alexa, que “estaría viendo un proyecto para instalar hangares aéreos en la Argentina con un socio de él, que habría sido secretario del ex presidente Carlos Menem”, dice el expediente. Pero este es el proveedor, y difícilmente quiera también hacerse cargo de la distribución en Rosario y ahí entra Pullaro.

Finalmente y para no abrumar más, el análisis sigue con otro narco sindicado, el amigo del presidente Javier Milei , el dueño de IRSA, que estaría en los negocios inmobiliarios de las cárceles: el Rabino al que acusan de usar dinero narco para construir las torres en Rosario. Al menos se queda con el negocio inmobiliario.