Según informó la provincia, un grupo de integrantes del MTE irrumpió en el edificio, bloqueó accesos y paralizó el funcionamiento de la dependencia, generando situaciones de tensión con empleados y funcionarios. El Ejecutivo provincial condenó los hechos y repudió “cualquier tipo de violencia como mecanismo de presión para acceder a ayudas o programas sociales”.

No obstante, la medida adoptada -la suspensión total de programas sociales destinados a la organización- abre el debate sobre si el castigo colectivo es la respuesta adecuada para encauzar un conflicto social complejo, especialmente en un contexto de alta demanda de asistencia.

Diálogo abierto, pero con límites

Desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano señalaron que continúan abiertos los canales de diálogo “para quienes se acerquen de manera pacífica y por vías formales”. Aunque el mensaje oficial busca mostrar predisposición al intercambio, también exhibe una marcada postura de endurecimiento frente a los movimientos sociales, que podría tensar aún más la relación entre el Gobierno y las organizaciones territoriales.

Evaluación de acciones legales

El Ejecutivo confirmó que evalúa iniciar acciones legales contra quienes participaron de la irrupción, considerado un hecho que implicó “privación ilegítima” del ingreso y egreso de personas y obstaculización del normal funcionamiento del organismo.