El impacto económico no es menor. Según consultas realizadas en farmacias y centros habilitados de la ciudad de Santa Fe, el costo de la única dosis requerida supera los 230.000, con valores que rondan los 233.000. En algunos casos, incluso, la modalidad implica pagar primero y recibir la vacuna recién al día siguiente, siempre y cuando haya stock disponible.

Desde el Ministerio de Salud santafesino reconocen que el escenario se fue gestando meses atrás, cuando Nación comenzó a reducir el envío de dosis y a priorizar las provincias con circulación del virus. Sin embargo, la decisión final terminó trasladando el problema a los ciudadanos: hoy la prevención depende del poder adquisitivo y no de una política sanitaria universal.

La fiebre amarilla no es una enfermedad erradicada ni menor. Se trata de una patología viral potencialmente grave, para la cual la vacuna es altamente efectiva y se aplica una sola vez en la vida. Convertir su acceso en una prestación exclusiva del mercado privado no solo genera desigualdad, sino que contradice principios básicos de la salud pública.

Mientras en otros distritos la inmunización sigue garantizada por el Estado, en Santa Fe viajar -o simplemente cumplir con un requisito sanitario internacional- se transformó en un privilegio costoso. La pregunta que queda abierta es hasta cuándo la prevención seguirá siendo una variable de ajuste y no una prioridad.