Según explicó la funcionaria, la Provincia considera que los operativos desplegados ante cada amenaza implican un importante gasto de recursos públicos, por lo que quienes generen esas falsas alarmas deberán afrontar las consecuencias económicas.

En ese marco, advirtió que los casos de incumplimiento serán derivados a la Justicia. “Es el procedimiento. Luego, tendrán que estar comprometidos con esa causa judicial”, sostuvo Coudannes durante una entrevista radial.

Hasta el momento, el Ejecutivo santafesino informó que existen 39 expedientes preparados para avanzar judicialmente y que ya se concretaron 19 notificaciones a familias de adolescentes identificados por amenazas en escuelas.

Desde el Gobierno señalaron además que las medidas adoptadas tuvieron impacto positivo, ya que las intimidaciones disminuyeron considerablemente en las últimas semanas. Según precisaron, recientemente solo se registraron dos amenazas en Rosario y otras dos en la ciudad de Santa Fe.

La postura oficial generó cuestionamientos legales por parte del abogado Rodolfo Mingarini, quien representa a una de las familias intimadas. El letrado argumentó que no existe una ley específica que habilite el cobro de esas multas y cuestionó la falta de criterios claros para fijar los montos reclamados. “No se puede cobrar una multa si no hay una ley previa”, sostuvo Mingarini, quien además planteó que no existe un daño concreto debidamente justificado por parte del Estado.

La respuesta del Gobierno provincial fue inmediata. Coudannes defendió la política oficial y remarcó que los recursos utilizados en cada operativo son financiados por todos los contribuyentes santafesinos. “Los recursos de la provincia los pagan los ciudadanos con sus impuestos”, afirmó.