Santa Fe llega tarde a la Corte: la deuda con ANSES expone la falta de gestión provincial
Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia será escenario de una audiencia clave por la millonaria deuda previsional que reclama la provincia de Santa Fe a la Nación. Aunque el gobernador Maximiliano Pullaro busca mostrar firmeza, lo cierto es que el reclamo llega tarde, sin resultados concretos y con una provincia que acumula promesas pero no soluciones.
El conflicto no es nuevo: la provincia reclama una deuda que podría ascender a 1,2 billones por el financiamiento del déficit de su Caja de Jubilaciones, uno de los sistemas previsionales no transferidos al Estado nacional. Pero lo que Pullaro no dice es que su gobierno mantuvo una política de declaraciones sin gestión efectiva para resolver el problema, más allá de continuar el litigio iniciado por su antecesor, Omar Perotti.
A pesar de que otras provincias, como Córdoba, lograron acuerdos parciales con la Nación, Santa Fe no consiguió ni un solo pago en meses, y su estrategia judicial no mostró avances concretos. Mientras tanto, el perjuicio lo sufren los jubilados santafesinos, que dependen de una Caja asfixiada por la falta de recursos.
El gobernador insiste en que Nación "no cumple desde hace años", pero poco se ha hecho desde el Ejecutivo provincial para exigir con mayor firmeza la actualización de los montos, transparentar el déficit real o generar consensos políticos más amplios en defensa del reclamo. De hecho, ni siquiera hay una cifra definitiva acordada entre ambas partes, lo que deja en evidencia una alarmante falta de planificación.
Además, la eliminación por decreto del giro automático de fondos (DNU 280/2024) sorprendió a una gestión que no había previsto cómo garantizar la continuidad del financiamiento ni diseñó mecanismos alternativos. Hoy, Santa Fe depende exclusivamente de un fallo favorable de la Corte, sin herramientas concretas para sostener su sistema previsional.
En lugar de anticiparse al conflicto, el gobierno provincial eligió esperar. Y ahora, en medio de la urgencia, se presenta ante el máximo tribunal sin una propuesta sólida ni respaldo político nacional. La expectativa de “una oferta de pago que preserve los intereses de los santafesinos” parece más una expresión de deseo que un plan real.
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