Según explicó la vocera provincial, Virginia Coudannes, las intimaciones administrativas ya comenzaron a ejecutarse y tuvieron un impacto inmediato en la disminución de este tipo de hechos. De acuerdo con los datos oficiales, las amenazas pasaron de picos cercanos a 90 reportes diarios a alrededor de 15 en toda la provincia.

El primer caso difundido públicamente involucró a una familia de la capital provincial, a la que se le reclamó una suma cercana a los seis millones de pesos. Los montos exigidos corresponden a los gastos derivados de cada operativo, que incluyen evacuaciones escolares, intervención de fuerzas de seguridad y la activación de protocolos de emergencia.

Desde el Ejecutivo indicaron que los expedientes se elaboran con información aportada por el Ministerio Público de la Acusación, y remarcaron que esta vía civil busca generar un efecto disuasivo ante conductas que alteran el normal funcionamiento de las escuelas.

En paralelo, aclararon que las acciones civiles no reemplazan los procesos penales en curso, sino que ambas instancias avanzan de manera simultánea. La decisión se da en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en ámbitos escolares, tras episodios recientes que generaron conmoción en la provincia.