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Rosario: la Fiscalía Regional intervino y apartó a María Eugenia Iribarren

La fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, ha resuelto apartar preventivamente de su cargo a la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren.

La fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, ha resuelto apartar preventivamente de su cargo a la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, quien ejerce la titularidad obtenida por concurso desde el año pasado.

Esta determinación implica una intervención en la unidad fiscal más grande de la provincia. Matías Merlo, fiscal regional de Venado Tuerto, asumirá como interventor de la fiscalía regional 2 durante un período mínimo de seis meses, sujeto a prórroga.

Los motivos que han llevado a esta intervención serán anunciados por la cúpula del Ministerio Público de la Acusación (MPA) más tarde en el día. Vranicich informará a los fiscales del distrito intervenido sobre los detalles de su resolución en una reunión programada para las 15 horas.

Entre los fundamentos de la medida, se destaca la persistente disputa entre fiscales, con denuncias de objeciones disciplinarias unos contra otros, las cuales, según la fiscal general, no han sido abordadas adecuadamente por Iribarren.

Se han confirmado al menos 18 denuncias cruzadas de este tipo en la Fiscalía Regional de Rosario.

Esta decisión marca un nuevo episodio en la conflictividad interna que surgió durante el segundo semestre del año pasado y que se evidenció con las denuncias de intensas tensiones internas en la Fiscalía Regional de Rosario entre funcionarios.

Estas tensiones se agudizaron a raíz de las denuncias presentadas por los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca, en particular contra su colega Matías Edery de la Unidad de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. En la justificación de la medida, Vranicich menciona precisamente la necesidad de mitigar esta conflictividad "de conocimiento público".

La denuncia presentada por los fiscales Socca y Moreno condujo inicialmente al apartamiento de Edery de Delitos Complejos y a la apertura de un expediente en su contra por parte del auditor general de gestión del MPA, Leandro Mai.

Sin embargo, Mai se inhibió de continuar con el proceso al considerar que la sanción posible para el fiscal superaba los 60 días, lo que requería que el caso fuera remitido a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura.

Paralelamente, se inició un proceso penal contra Edery que resultó en su imputación por parte de fiscales de Santa Fe. Como resultado, la Asamblea Legislativa suspendió a Edery por la duración del proceso, le negó el acceso a las instalaciones del MPA y redujo su sueldo al 50 por ciento.

En medio de fuertes presiones políticas, la fiscal regional de Rosario fue convocada a explicar la conflictividad interna en su unidad regional el pasado 11 de noviembre, donde admitió ante los legisladores que existía una crisis en su equipo.

Hace dos semanas, Iribarren hizo declaraciones sugiriendo que las imputaciones en la denuncia que desencadenó el proceso disciplinario y penal contra Edery "podrían haber sido precipitadas".

En una entrevista con la periodista Ivana Fux el 29 de febrero, reproducida por Rosario 3, Iribarren criticó a los fiscales Moreno y Socca, impulsores de la investigación que condujo al apartamiento de Edery, sugiriendo que habían actuado "con cierta imprudencia".

Señaló que durante la audiencia imputativa contra Mariana Ortigala, la informante de Edery luego imputada, los dos fiscales realizaron "muchas conjeturas". Precisamente, el estatuto reglamentario del rol de informante en la Fiscalía Regional fue objeto de controversia.

En consecuencia, Iribarren solicitó una investigación contra Moreno y Socca en la auditoría, argumentando que habían actuado más allá de lo que sus funciones les imponían y que habían plasmado sus acusaciones "en ámbitos que no eran los adecuados".

Las declaraciones de Iribarren parecen estar alineadas con las conclusiones que llevaron al apartamiento preventivo dictado por Vranicich. En su resolución, la fiscal general señala que los conflictos entre los fiscales "evidencian un ejercicio de autoridad sin una conducción ecuánime e igualitaria".

Además, subraya que "se observa que la fiscal regional no ha logrado desvincularse de su anterior rol como coordinadora de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos", sugiriendo la posibilidad de un cierto favoritismo.

En relación con las crisis internas, Vranicich sostiene que durante la gestión de Iribarren, "los conflictos fueron alimentados y profundizados por órganos fiscales que pudieron haberse sentido afectados por esta posición funcional".

Sugiere que "en Rosario es urgente reconstruir los lazos interpersonales y funcionales" y que "es imperativo que los órganos directivos asuman el gobierno de las instituciones mediante el ejercicio de autoridad sobre todos los órganos fiscales".

Un hecho que Vranicich consideró grave fue el incumplimiento de una "instrucción específica emitida el 16 de febrero de 2024" por la Fiscalía General, que ordenaba la reasignación provisional del fiscal Edery a la Unidad Fiscal Especial de Siniestros Viales y Delitos Culposos, y la desvinculación de sus investigaciones del "sistema Heimdall".

Esta medida se tomó provisionalmente mientras se tramitaba una investigación penal y un procedimiento disciplinario para evaluar el desempeño del fiscal.

El incumplimiento de esta instrucción fue constatado durante una inspección realizada el 4 de marzo por personal de la Auditoría General de Gestión, solicitada por la fiscal general.

Se encontró que el fiscal no estaba en la Oficina de Siniestros Viales, y el fiscal a cargo de esa unidad admitió que no había notificado al fiscal investigado sobre la asignación de casos. Posteriormente, se descubrió que Edery seguía prestando servicios en la Agencia de Criminalidad Organizada. A pesar de las disculpas ofrecidas, estas no fueron consideradas.

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