Pullaro no tiene mayoría absoluta, y sabe que debe negociar con la oposición para alcanzar quórum, pero eso no lo detiene.

En vez de presentar un plan serio para mejorar la provincia, el objetivo central de esta convención de 69 miembros es nada más ni nada menos que blindar su continuidad en el poder. Lo demás, limitar mandatos a legisladores e intendentes o ampliar la Corte Suprema, son solo espejitos para la galería que intentan disfrazar esta trampa.

Lo más ridículo es la hipocresía con la que Pullaro se planta: mientras promete mano dura y habla de eliminar “conceptos garantistas” en la Constitución, los expertos en derecho lo ven como un oxímoron ambulante. Quiere castigar sin garantías, pero pretende hacerlo en el texto más fundamental que debería proteger derechos, no pisotearlos. Una amenaza abierta a la democracia y a las libertades.

Pero el festival de contradicciones no termina ahí. En simultáneo, Pullaro insiste en imponer un “criterio de responsabilidad fiscal” que obliga a la austeridad a como dé lugar, pero sin resolver el caos en el sistema previsional, que propone mantener con un régimen público basado en la solidaridad provincial.

Esto no solo genera conflictos internos en su coalición (PS y PRO a las trompadas), sino que demuestra que el gobernador es un aprendiz de brujo con una política económica contradictoria, improvisada y sin visión.

La negociación con la oposición, que busca darle “legitimidad” a un texto cocinado a fuego lento para perpetuar a Pullaro, termina siendo el último acto de una gestión fracasada que prefiere asegurar su silla en lugar de trabajar en soluciones reales para Santa Fe.

Con apenas 33 bancas en la convención, su política se reduce a seducir a sectores ajenos para armar la mayoría necesaria y avanzar con su proyecto personal, no con el interés público.