Según estimaciones difundidas en distintos ámbitos, el costo real de los materiales utilizados rondaría los 210 millones, mientras que los gastos en mano de obra se ubicarían cerca de los 60 millones. De confirmarse esos valores, la diferencia entre el costo total de la obra y los gastos reales superaría ampliamente los mil millones de pesos.

Las críticas también apuntan a la presunta adjudicación de la obra a la empresa Zetatec, señalada como beneficiaria del contrato. Hasta el momento, cuestionan la falta de información pública sobre el proceso de licitación y la ausencia de difusión oficial del pliego de adjudicación.

En ese marco, dirigentes opositores y referentes sociales plantearon dudas sobre la transparencia del procedimiento y reclamaron que el Gobierno provincial brinde explicaciones sobre los criterios utilizados para definir la obra y el monto destinado.

Además, remarcaron que el gasto resulta difícil de justificar frente a las necesidades que atraviesan distintos sectores de la provincia, como la infraestructura, la seguridad, la salud y la educación.

“Mientras faltan recursos para obras prioritarias y servicios esenciales, el Estado termina financiando intervenciones que parecen más vinculadas a la propaganda política que a una necesidad real de la ciudadanía”, señalaron desde espacios críticos a la gestión.

El debate reaviva la discusión sobre el uso de fondos públicos y la necesidad de garantizar mayor transparencia en las contrataciones del Estado, especialmente en un contexto de restricciones presupuestarias que afecta a numerosas áreas de la administración pública.