En otro orden de cosas, Parodi pidió al titular de la Fiscalía Regional 1 de Santa Fe, Ignacio Orio -que finalmente autorizó la cremación del cuerpo de Oliveras- información precisa sobre qué laboratorio las muestras de sangre y orina que le tomaron al óbito, señalando que en la provincia no existen centros acreditados para detectar este tipo de sustancias. En consecuencia, propone recurrir a la Agencia Mundial Antidoping, lo cual refuerza la gravedad de la denuncia y sitúa al caso en un plano internacional.

Por otro lado, el médico mendocino Jorge Pujol -experto en deportología- declaró públicamente que Oliveras era una paciente “anabolizada”. Su testimonio, solicitado por Parodi como pieza clave en la causa, podría ser determinante para establecer si hubo uso crónico de estas sustancias y si ello contribuyó a la muerte de la deportista.

La nota más explosiva llegó con la denuncia de una “mafia del doping”, que opera impunemente a través de plataformas digitales. Luego de presentar la nueva denuncia, Parodi dialogó con NOVA para poner a este medio al corriente de la facilidad con la que cualquier ciudadano puede adquirir esteroides anabólicos online, sino también el peligro que esto representa para miles de jóvenes que, atraídos por promesas de rendimiento físico, desconocen los efectos secundarios devastadores de estas sustancias.

La muerte de la campeona funciona como disparador de varias preguntas que es necesario responder: ¿Quién provee los anabólicos? ¿Qué responsabilidad tienen las plataformas que los comercializan? ¿Quién protege a los atletas? Si este expediente se investiga con rigurosidad, puede sentar un precedente histórico.