Uno de los datos llamativos fue que la encargada de investigar a Ferraro, la Fiscal Mariela Gimenez (57), fue llamativamente "jubilada" sin contar con la edad requerida y desapareció raudamente de la escena político/judicial.

Independientemente del apartamiento de la Fiscal Cristina Ferraro sospechada de llevarse junto a la hija de Oldani la suma de un millón de dólares y otros tres millones de pesos en este singular caso se dio algo inaudito y que constituye una clara lesión a los derechos de garantías constitucionales de defensa los acusados y ello es que los otros fiscales pertenecientes en mismas fechas de la instrucción de la causa a la Regional número 1 de la apartada Ferraro, es decir, los Fiscales Maria Celeste Minniti, Sebastián Szeifert y Pablo Spekuliak, sugestivamente, se convirtieron en los jueces que tendrán a cabo el "Juicio Oral" del "Caso Oldani".

Ello significa que los encargados de acusar en la instrucción, ahora meses después, serán los encargados de juzgar e impartir la pena a los mismos que imputaron tras un proceso lleno de irregularidades y arbitrariedades de toda índole.

El pueblo santafecino ha tomado conocimiento de esta serie de irregularidades del debido proceso en su momento, llenó de cientos de denuncias ciudadanas en los tribunales y, ahora, con esta confirmación ya no quedarían dudas de cómo está enquistada la "Mafia de los Fiscales" que ha venido realizando las maniobras fraudulentas para cubrirse entre ellos y que finalmente la desaparición del dinero posterior a lo que se instruyó como un "supuesto robo" seguido de muerte, jamás pueda establecerse como lo que realmente fue: una feroz disputa entre un inversor enfurecido y el tutor de su capital supuestamente garantizado que finalizó en una tragedia fatal.

También las autoridades judiciales de la provincia, tras las denuncias, han puesto el ojo en el accionar y antecedentes del Fiscal General Jorge Baclini, de la Defensora General Jaquelina Balangione y del Fiscal Regional Carlos Arietti. Así mismo se espera que tras la feria judicial lleguen las recusaciones para el flamante tribunal, los sospechados fiscales ascendidos a flamantes jueces, que deberían estar al frente del tribunal en este escandaloso caso a partir del 13 de febrero de 2023 a las 8:30 horas y hasta el 28 de febrero inclusive.

La prosa policial inicial en los medios locales marcaba que Hugo César Oldani tenía 67 años cuando fue baleado el 11 de febrero de 2020 en su oficina ubicada en una galería céntrica de la capital provincial en el supuesto intento de robo, pero con el correr de la investigación de periodistas comprometidos con la verdad sumaron imágenes de las cámaras de vigilancia del centro comercial que sumado al trabajo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llevó a la detención de seis personas.

Los otros apresados fueron Juan Manuel Ruffino (25) acusado de ser quien manejaba el auto en el que se movió el grupo criminal; Braian Damiani (22) como coautor del hecho al ser quien se quedó como campana en la puerta de la galería; Cristian Bruno Figueroa (21) como autor material del asesinato, y quien sugestivamnete aparecio ahorcado en su celda del penal de "Las Flores" en septiembre pasado y, sugestivamente, antes de cerrar un acuerdo abreviado en el cual aceptaría una pena de 26 años de prisión; el relacionista público de la noche santafecina Andrés Kaipl (29) y el bioquímico Alfredo Manuel Sedonio (59) y único que sigue ligado a la causa pero en libertad.

Algo también muy comentado es que ni una sola prueba vincula a Andres Kaipl y Alfredo Sedonio con los autores del disparo ni a nivel llamadas o mensajes de celulares, relaciones entre ellos o conexiones epistolares virtuales, por lo que para muchos esta fue una acción de distracción armada por los fiscales al incluir al reconocido R.R.P.P. darle un tinte de vértigo y fortaleza mediática al expediente y de esa manera crear confusión en la opinión pública y los medios locales.

Asi mismo los registros de imágenes captadas por las cámaras de la galería comercial donde funcionaba el local de Oldani permitieron detectar la forma en que Virginia Oldani, hija de la víctima, ingresó al local la madrugada posterior al asesinato junto a su marido, José Luis Hernández, y un grupo de personas violando la escena criminal que aún estaba bajo peritajes, que estuvieron en el local comercial más de una hora y que se retiraron llevando 3.100.000 pesos y más de un millón de dólares en cajas y bolsos, todo ello bajo la autorizacion de la Fiscal Cristina Ferraro y los fiscales de la Regional número 1.

La desaparición de ese dinero llevó al fiscal federal Walter Rodríguez a investigar las circunstancias del asunto y puso también la mira sobre la fiscal provincial Cristina Ferraro, quien investigó el homicidio en un principio pero fue separada del caso. Así las cosas quedó al desnudo, según los investigadores, el funcionamiento de una cueva en la cual se cometieron diversos delitos financieros. Incluso, de los avances en la pesquisa de la Justicia federal se desprende que Oldani “manejaba dinero que correspondería a la policía de la provincia de Santa Fe, específicamente de la Unidad Regional I y de la Policía Motorizada” de esa ciudad. Y que en ese negocio también se realizaban operaciones cambiarias y financieras con empresas de Rosario, Córdoba y Entre Ríos al margen de la legalidad vigente.

¿Hubo acuerdo entre los herederos de Oldani, la Policía y los Fiscales para repartir el botín y redireccionar la causa a un robo?

La Cámara Federal de Rosario, a su vez, confirmó los procesamientos de diez personas vinculadas al asesinado empresario de turismo Hugo César Oldani por el delito de “intermediación financiera no autorizada”. El tribunal superior avaló la resolución del juez federal Marcelo Bailaque que determinó, por la investigación del fiscal de la ciudad de Santa Fe Walter Rodríguez, que de las pericias practicadas en los equipos informáticos pertenecientes al empresario muerto a balazos en febrero del año pasado se desprende el funcionamiento de una cueva de compraventa de divisas y otras operaciones financieras ilegales. De esta manera los diez imputados irán a juicio oral y público en fecha a determinarse.

El fallo suscrito este lunes por la Cámara Federal de Rosario determina que del material informático bajo pericias surge “una clara organización criminal dedicada a efectuar operaciones financieras marginales sin autorización del ente rector en la materia, burlando los controles en ese sentido al realizar operaciones informales con las formales de manera indebida y de esa forma obtener un rédito ilegítimo a costa del sistema financiero formal”.

El Caso Oldani sería solo la punta del Iceberg de la enquistada "Mafia de los Fiscales" manejada por fiscales que luego son ascendidos a jueces para , en un juego de ajedrez jurídico, cubrirse de entre todos en sus causa armadas, sus robos y apropiaciones delictivas y sobre todo sostener la falta de garantías constitucionales para la defensa en juicio de los ciudadanos de Santa Fe.