La decisión fue tomada el viernes por el Juzgado Federal 2 de San Nicolás, que clausuró la instrucción penal y elevó la causa a juicio tras rechazar los planteos de la defensa y una larga investigación impulsadas por organizaciones ambientales que alertaron sobre vertidos tóxicos al río y entierro de residuos peligrosos en bañados costeros de dominio público.

Peritajes de la Universidad Nacional de La Plata, informes oficiales y constataciones policiales confirmaron la presencia de sustancias altamente nocivas como brea, creosota y benceno, algunas clasificadas como cancerígenas.

En la zona residían familias de pescadores artesanales que se vieron afectadas en su salud y debieron abandonar su lugares habituales de residencia.

La planta industrial ya se había clausurado preventivamente en varias oportunidades y además ya había sido condenada en sede civil mediante la sentencia que dictó la entonces jueza federal Sylvia Aramberri en un amparo ambiental donde se comprobó la existencia de daño ambiental severo en la zona protegida, concretamente la magistrada condenó a la empresa Carboquímica a realizar la recomposición del daño causado en esa zona ribereña.

Ahora, los directivos llegan a juicio penal acusados por el delito del artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos (24.051), en relación con el artículo 200 del Código Penal, que sanciona penalmente la contaminación ambiental peligrosa para la salud pública.

El delito imputado consiste en la enorme contaminación generada por el mal manejo de destilado industrial del alquitrán de hulla.