El Gobierno provincial destruye más de 140 vehículos mientras crece el abandono estatal
El Gobierno de Maximiliano Pullaro presentó como un logro el inicio de la compactación de más de 140 vehículos en desuso en la ciudad de Recreo. Sin embargo, detrás de la puesta en escena oficial, la medida vuelve a exponer años de desidia estatal y falta de planificación en la administración de bienes públicos.
El operativo, realizado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), fue anunciado con tono triunfalista por el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, quien habló de un “plan de reordenamiento” impulsado por el gobernador y la vicegobernadora.
Pero lo cierto es que la compactación no resuelve el problema de fondo: la acumulación masiva de vehículos abandonados -más de 30.000 según el propio funcionario- que se amontonan en predios policiales, judiciales y municipales desde hace años.
Lejos de ser un ejemplo de eficiencia, el operativo revela la magnitud del abandono estatal. Miles de vehículos fueron dejados a la intemperie sin mantenimiento, custodia ni destino útil. En lugar de aprovecharse a tiempo, terminaron convertidos en chatarra, contaminando el ambiente y ocupando espacios públicos que hoy deben limpiarse con fondos estatales.
El gobierno intenta vender la compactación como una política de “modernización y limpieza”, pero no explica por qué esos rodados -algunos móviles policiales, otros secuestrados en causas judiciales- fueron dejados perder durante años, ni quién es responsable de la pérdida patrimonial que implica destruirlos.
Tampoco se detalló el costo del operativo, ni el destino final de los metales recuperados. Mientras tanto, escuelas técnicas, bomberos y cooperativas siguen reclamando insumos y equipamiento que podrían haberse obtenido de estos vehículos antes de su deterioro total.
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