Horas más tarde, en conferencia de prensa, Cococcioni aseguró que no se pasará a disponibilidad a más agentes y prometió la reincorporación de los efectivos sancionados. No obstante, volvió a exigir que la Policía retome de inmediato las tareas de patrullaje, sin atender el reclamo central de los manifestantes: una recomposición salarial real.

“A las fuerzas se les exigió mucho en estos dos años”, reconoció el propio ministro, admitiendo implícitamente el desgaste extremo del personal policial. Pese a ello, el gobierno provincial volvió a apelar al discurso sin acompañarlo de medidas concretas que compensen la pérdida del poder adquisitivo.

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, afirmó que los policías de menor rango “tendrán ingresos por encima de la canasta básica”, aunque evitó precisar montos, plazos o mecanismos de implementación. Lejos de calmar los ánimos, la falta de definiciones profundizó el malestar dentro de la fuerza, que mantuvo la medida de fuerza durante toda la mañana.

El conflicto se inició tras el suicidio de un efectivo frente a la Jefatura de Policía de Rosario y se agravó luego de que el Gobierno anunciara mejoras laborales parciales, que solo alcanzaban a un sector de la Policía. Desde entonces, las protestas se multiplicaron, primero frente a la Casa de Gobierno y luego en la Jefatura de Rosario, con manifestaciones que se extendieron a otras localidades como Rafaela.

En ese marco, se vivieron momentos de extrema tensión cuando policías que no participaban de la protesta avanzaron contra los manifestantes, generando enfrentamientos entre integrantes de la propia fuerza, una postal que expuso la gravedad de la crisis institucional.

Lejos de apostar al diálogo, el Ejecutivo provincial respondió con medidas disciplinarias: al menos veinte policías fueron pasados a disponibilidad y el Ministerio de Justicia y Seguridad anunció que pediría al Ministerio Público de la Acusación investigar “posibles ilícitos penales”, una decisión que fue interpretada por los efectivos como un intento de intimidación.

Las idas y vueltas se profundizaron durante la tarde del martes, cuando una reunión anunciada entre el Gobierno y el abogado Sarla fue primero postergada y luego frustrada. Según el letrado, no existió ninguna propuesta formal y el ministro Cococcioni nunca se comunicó personalmente con él, pese a los anuncios oficiales.

“Hasta que no haya una reunión real y una respuesta concreta, la protesta se mantiene”, advirtió Sarla, dejando en claro que las promesas y los anuncios mediáticos ya no alcanzan para desactivar el conflicto.

Mientras tanto, Santa Fe continúa atravesando una situación inédita, con una fuerza policial en protesta, calles sin patrullaje regular y un gobierno provincial que, hasta el momento, no logra dar respuestas claras a un reclamo que ya se convirtió en una crisis política y de seguridad.