Miguel Moreno, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos, dispuso además la realización de varios allanamientos en la ciudad de Rosario, aunque la captura de Scarel se realizó en su domicilio en la localidad santafesina de Avellaneda.

La empresa Vicentín emitió un comunicado en el que define a la detención como “injustificada, arbitraria y desmedida”. La audiencia de imputación está prevista para el próximo miércoles o jueves.

La causa en cuestión se inició en octubre del año pasado por la confección y aprobación de balances anuales de Vicentin de 2017 y 2018 con información financiera falsa con el objeto de ocultar el pasivo real de la empresa. En el curso de las investigaciones se determinó que Scarel utilizó activos de la empresa Renova, cuando estaban cautelados por orden judicial.

La empresa argumenta en su comunicado que el motivo de la detención es “absolutamente falso ya que la compañía de ninguna manera ha incumplido estas restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento se encuentran en instancias precontractuales ad referéndum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas”.

Y puntualiza que, “por otra parte, tanto el señor Scarel como todos los miembros del Directorio de Vicentin S.A.I.C imputados en la causa, han estado siempre a derecho, a disposición de la Justicia y han prestado su colaboración cada vez que esta les ha sido requerida”.

El comunicado destaca que “llama poderosamente la atención que este hecho ocurra, cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras, para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido”

Y concluye afirmando que “no existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad, confiamos que se rectifique de manera inmediata este proceder”.

Vicentín, una de las empresas agroexportadoras más importantes del país, ubicada en la provincia de Santa Fe, entró en default en diciembre de 2019 y dejó el tendal. Actualmente la deuda total de Vicentin es de 1.350 millones de dólares, de los cuales mil millones corresponden a bancos. El Banco Nación es el principal acreedor, con 18.000 millones de pesos, seguido por el Banco Provincia con 1.600 millones. Otro acreedor oficial es el BICE, con 5 millones de pesos. Los otros 350 millones de dólares son deudas con empresas del sector agrícola.

En junio de 2020, el presidente Alberto Fernández dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para intervenir de forma transitoria durante 60 días el grupo Vicentin e intentó avanzar en la expropiación.

Pero, como sucede siempre en nuestro país, las deudas de las grandes empresas terminan siendo pagadas por todos los argentinos. La iniciativa presidencial fracasó, y al presente no se ha podido recuperar ni un centavo de los dineros públicos.

¿Avanzará ahora la causa a partir de la insistencia de la dirección de Vicentin de incurrir en conductas dolosas?