Martínez fue contundente al señalar que estos trabajadores "piden a gritos poder trabajar seguros", sin miedo a que "los roben o los maten" mientras cumplen sus tareas. “La mayoría son jóvenes que encontraron en estas plataformas una salida en un escenario económico adverso, pero lo hacen sin derechos, sin respaldo y expuestos al delito”, expresó.

La ley aprobada plantea la creación de un Programa de Monitoreo Informático Permanente mediante dispositivos con GPS para cada repartidor inscripto, con el objetivo de geolocalizar y prevenir situaciones de inseguridad. Además, contempla una central de denuncias y un botón antipánico, a fin de atender emergencias en tiempo real.

Durante la reunión de la Junta Provincial de Seguridad realizada en Rosario, el Observatorio de Víctimas expresó su apoyo a la ley y recordó que los repartidores fueron trabajadores esenciales durante la pandemia. Sin embargo, su realidad actual refleja una profundización de la precarización laboral: jornadas extensas, ingresos bajos, sin acceso a derechos básicos como licencias, cobertura médica, aguinaldo o vacaciones.

Según un estudio del BID y las organizaciones Worker Tech y Civic House, solo el 10 por ciento de los repartidores trabaja de manera “full time” en estas plataformas. El resto se conecta de forma esporádica, en muchos casos como complemento de otros empleos. El 68 por ciento realiza hasta 80 entregas mensuales y el 64 por ciento utiliza la plataforma menos de tres horas por día.

Martínez alertó sobre la vulnerabilidad extrema de estos trabajadores: “Tienen que pagarse su propio seguro, el monotributo, llevar el celular y adelantar dinero para los pedidos. Todo esto los convierte en blanco fácil para la delincuencia. Ya hay muchos casos de robos, golpizas y hasta heridos de bala”.

Mientras el fenómeno del multiempleo crece al ritmo de la pérdida del poder adquisitivo, desde el gobierno de Pullaro aún no se han anunciado medidas concretas para poner en marcha una ley que ya fue sancionada y promulgada.