El secretario de Análisis y Gestión de Información, Esteban Santantino, explicó que este aumento responde a una “viralización negativa” a través de redes sociales, mensajes de WhatsApp y pintadas en baños escolares, lo que impulsa la repetición de estas conductas.

El funcionario fue enfático al señalar que no se trata de simples bromas: “Es un delito”, remarcó, y advirtió que quienes sean identificados deberán asumir las consecuencias, incluso si son menores de edad, a través de sus padres o tutores.

En ese marco, el Gobierno provincial dispuso que las familias de los responsables deberán afrontar un costo cercano a los cinco millones de pesos por cada operativo policial activado ante este tipo de amenazas, que se canalizan mediante el sistema de emergencias 911.

Desde el Ejecutivo también indicaron que estos hechos pueden derivar en causas por intimidación pública, contempladas en el artículo 211 del Código Penal, y adelantaron que se avanzará en el reclamo de resarcimientos económicos para cubrir los gastos que demandan los despliegues de seguridad.

Por otra parte, Santantino diferenció este fenómeno de otros hechos recientes de violencia, como el crimen de un estudiante ocurrido semanas atrás en la localidad de San Cristóbal, al señalar que las amenazas actuales responden más a conductas imitativas que, aunque puedan parecer “ingenuas”, tienen consecuencias legales concretas.