El procedimiento fue coordinado por la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, bajo la conducción del fiscal federal Gustavo Onel, y ejecutado por la Agencia de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones de Santa Fe.

Los agentes constataron que los trabajadores vivían en hacinamiento, bajo toldos de nailon, sin agua potable ni sanitarios, y sometidos a jornadas de hasta diez horas diarias, de lunes a lunes, con salarios muy bajos.

La investigación se inició cuando personal de la división Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) detectó a 15 personas trabajando en un campo llamado “Santa Ana”, próximo a la ruta provincial 77 y cerca del límite con Santiago del Estero.

Entre los rescatados había dos adolescentes de 17 años que dormían en el piso, sobre mantas o colchones, y utilizaban tachos como sanitarios. Los trabajadores declararon ser oriundos de la localidad santiagueña de Los Juríes y afirmaron que cobraban alrededor de 300.000 pesos por quincena, aunque de ese monto se les descontaba la comida. Algunos carecían de documentación o no sabían leer ni escribir.

La comisión fiscalizadora también inspeccionó un establecimiento vecino, denominado “La Revancha e Isabelliana SA”, donde halló a cinco trabajadores en condiciones igualmente precarias. Los resultados fueron elevados a la fiscalía, que junto a los auxiliares fiscales Federico Grimm y Pablo Micheletti solicitó al juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, allanamientos y órdenes de registro para verificar la situación en la zona.

Como consecuencia de los procedimientos, fueron rescatadas 31 personas, se secuestraron teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones, que serán peritados por los investigadores del caso. Además, con los avances de la pesquisa quedaron identificados dos ciudadanos que en principio estarían involucrados en un esquema de explotación y servidumbre laboral.

El Ministerio Público Fiscal dispuso la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y del municipio de Tostado, cabecera del departamento santafecino de Nueve de Julio, para garantizar alojamiento y alimentación a las víctimas.

También se activó el Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, con la participación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), encabezada por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, para realizar entrevistas e informes y brindar asistencia psicológica, médica y jurídica.

La causa quedó encuadrada como un posible caso de trata de personas con fines de explotación laboral.

La Ley 26.364, sancionada en abril de 2008, define este delito y establece que quien capte, transporte o acoja personas mayores de 18 años con esos fines será castigado con penas de entre tres y seis años de prisión, que se elevan a cuatro a diez años si las víctimas son menores de edad.

La escala aumenta hasta quince años de cárcel en casos agravados, como cuando intervienen funcionarios públicos, actúan bandas organizadas, los damnificados son menores de trece años o se trata de tres o más personas.