En la provincia viven más de 485.000 jubilados. De ellos, más de 448.000 están afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, lo que refleja no solo la dependencia sanitaria sino también el peso económico que este sector tiene en el entramado local.

En ese escenario, el congelamiento del bono previsional, la quita de refuerzos y la eliminación del reintegro del IVA configuraron una pérdida sostenida del poder adquisitivo.

El golpe más fuerte llegó con el congelamiento del bono extraordinario. Desde marzo de 2024 permanece fijo en 70.000 pesos. Si ese monto hubiera seguido la misma actualización que los haberes, en enero de 2026 debería ubicarse en 181.865 pesos. La diferencia acumulada entre abril de 2024 y enero de 2026 alcanza los 1.583.514 pesos por jubilado.

A diciembre de 2025, el 51,6 por ciento de los jubilados del país cobraba la mínima con bono o menos. En Santa Fe eso equivale a unas 250.420 personas. Para ese grupo, la pérdida total derivada del congelamiento del bono ronda los 396.543 millones de pesos en menos de dos años.

Se trata de dinero que, según Rivolta, se destina a consumo básico: alimentos, medicamentos y servicios, y que al desaparecer del circuito, también golpea la economía provincial.

El deterioro también se observa en la comparación del poder adquisitivo. Con una inflación estimada del 2,1 por ciento en enero de 2026, las jubilaciones mínimas con bono se ubican 17,5 por ciento por debajo de los valores del último trimestre de la gestión anterior en períodos equivalentes. En las jubilaciones sin bono, la caída es del 2,6 por ciento.

A esto se suma la eliminación del refuerzo que hasta diciembre de 2023 recibían los afiliados al PAMI mayores de 60 años que percibían hasta una jubilación mínima y media. Ese complemento, que era de 15.000 pesos mensuales durante los últimos tres meses de 2023, representaba el 9,3 por ciento de una jubilación mínima con bono.

Si se hubiera mantenido y actualizado, hoy equivaldría a 39.135 pesos mensuales adicionales y a una pérdida acumulada de 752.741 pesos por beneficiario entre enero de 2024 y enero de 2026. En Santa Fe, la pérdida agregada por esta decisión asciende a 188.501 millones de pesos.

Finalmente, la eliminación del reintegro del IVA para jubilados y pensionados terminó de cerrar el círculo. El régimen permitía recuperar el 21 por ciento de las compras de productos básicos realizadas con tarjeta de débito, con un tope mensual ligado al haber mínimo.

Alcanzaba a quienes cobraban hasta tres jubilaciones mínimas, un universo que representaba el 86 por ciento del total de jubilados del país, alrededor de 5,2 millones de personas. Su eliminación implicó otra pérdida directa de ingresos en un contexto ya marcado por el deterioro sostenido.