Según sus declaraciones, la decisión se justificó por la necesidad de contar con alguien en quien depositar confianza, luego de experiencias previas en las que sintió traiciones por parte de colegas políticos.

Sin embargo, esta medida ha encendido el debate sobre los límites de la confianza personal frente a los principios de transparencia y profesionalismo en la función pública.

El rol del asesor y la doble función

Además de ocupar el puesto de asesor, Squarzon desempeña tareas adicionales, como funciones de chofer, lo que añade una capa más de controversia a la situación.

Mientras Granata sostiene que su elección responde a la búsqueda de apoyo confiable en la labor legislativa, críticos y observadores políticos argumentan que la designación de un familiar en un cargo tan relevante podría ser interpretada como un claro ejemplo de favoritismo y nepotismo.

Esta práctica, según detractores, pone en riesgo la imagen de integridad que se espera de quienes ocupan cargos públicos, debilitando la confianza ciudadana en el sistema político.

El debate en torno a la transparencia

El nombramiento ha generado un ambiente de indignación y escepticismo entre sectores que demandan criterios objetivos para la selección de asesores.

La crítica se centra en que, en una época en la que la ciudadanía clama por una política sin privilegios ni redes de compadrazgo, la medida de Granata resulta contradictoria respecto a sus declaraciones anteriores contra la “casta política”.

¿Cómo se justifica la contratación de un familiar cuando el discurso público se orienta hacia la necesidad de depurar la política de influencias y favoritismos?