Lo que jamás pensaba el genial escritor era que, una parte de su libro iba a guionar el segundo año del mandato del gobernador Maximiliano Pullaro. Pero es sabido que, en la realidad siempre se altera la ficción. Y muchas veces, la ficción suplanta a la realidad.

Una de las mayores metas de una gestión, cualquiera, debe de ser la de igualar o tratarlo al menos, las asimetrías sociales. Tratar que al menos, las clases sociales se mantengan en su status y no bajen. Es la alternativa de mínima. Lo dicho, no solo por la movilidad social ascendente, sino también por algo vinculado al poder adquisitivo del individuo, que moviliza la sociedad, el consumo y el mercado.

Pero cuando este cuadro se invierte, las cosas empiezan a mostrar aristas un tanto sospechosas. El remate de bienes llevado a cabo por la APRAD empodera cada vez más a las clases dominantes del país. Pone a la venta bienes suntuarios con pisos que un empleado público o un mediano comerciante no puede sostener. Y genera una transferencia de riqueza a sectores dominantes que en algunos casos, hasta tienen a sus empleados en negro.

De esta manera, el que tiene una moto de agua “Bombardier” y negrea al empleado o hace contratos “basura”, pasa a tener ya no una, sino dos motos de agua. El que blanqueó los dólares con la gestión de Javier Milei, quizás pueda tener su “Maserati” por dos mangos para luego, venderla en Uruguay o Chile o ponerla como garantía de un crédito millonario. Y así, son miles las posibilidades que se abren con este verdadero nicho de consumo.

Así, Santa Fe pasa a ser un “mercado negro” de consumo y exhibición de bienes suntuarios, pertenecientes a los narcos. Como una Catedral del Pecado y la lujuria.

Y esto, no es bueno, es una obscenidad republicana. Para nadie. No es un ejemplo para las escuelas, para los educandos. Se debe educar en el saber y el conocimiento, inculcar los valores de un Esteban Laureano Maradona, no los otros, los de la plata fácil y el mercadeo de cosas fútiles que sirven para ganar “Likes” en Instagram.

Mensaje para el ministro Goity: Imagínese a una maestra en una escuela rural con 52° de calor a la sombra, enseñando a medir la realidad social, mostrando los bienes decomisados a los chicos que comen un plato de arroz con agua de aljibe en un plato de madera.

Un pibe que viene a clase en mula y cuando llega tiene el mate cocido de la mañana con un mendrugo de pan, se va con la imagen de fabulosos bienes que cambian de mano, de dueño. Pero no de status social. Van a fortalecer un segmento que no lo beneficia a él.

La información pública dice que: “Los fondos recaudados en la subasta tienen tres finalidades. En primer lugar, autofinanciar la Aprad, que es un ente autárquico. Segundo, aplicar el dinero en políticas de seguridad. Tercero, resarcir a las víctimas, destinar fondos a política social, como donaciones a instituciones, escuelas, clubes de barrios, hogares, etcétera. El objetivo es que ese dinero vuelva a la sociedad”.

No hace falta leer a Sófocles, Esquilo, Eurípides, para llegar a la conclusión que…es difícil monitorear este tipo de cosas, para la ciudadanía. Pero: si se tumba un bunker, ¿porque no se tumba una casaquinta o se hace un residencial para abuelos, o una colonia de vacaciones para discapacitados?

Si se decomisa una casa rodante, ¿porque no se dona a una institución de rescate de animales o algún municipio para hacer castración de animales? ¿Por qué una fracción de los autos no se los pone al servicio de la discapacidad o ONG que precisan traslados?

¿Por qué no se editan libros por ejemplo, y se los dona a las bibliotecas, sobre personajes santafesinos? ¿O los fondos van para la “Ideología de Género”?

Dudas y más dudas. Más dinero que ingresa, en un año electoral.