En 2023, las demandas iniciadas por esta causa sumaron 117.348. Y si bien desde UART y muchas otras instituciones empresariales y profesionales abocadas a la temática del empleo, se alertó acerca de esta distorsión, 2024 adicionó 6.8 por ciento, sumando casi 8.500 demandas más.

Ranking de demandas por provincia

En orden de participación, la Provincia de Buenos Aires es la más litigiosa con un total anual de 50.584 (en diciembre sumó 3584 nuevas demandas). Su crecimiento respecto del año precedente fue de 4.5 por ciento.

La sigue CABA, con 22.946 litigios en el año.

El tercer lugar lo ocupa Santa Fe, con 16.439 juicios en el año, (1137 solo en diciembre) y un incremento anual explosivo de 21,5 por ciento. En cuarto puesto está Córdoba con 10.424 anuales, 650 en el último mes, y un aumento interanual de 4.2 por ciento. La sigue en el podio de las 5 grandes Mendoza, con 9.857 totales (661 en diciembre) y un aumento de 18 por ciento.

Causas y soluciones

Según el análisis de UART, estos números se explican en buena parte por la demora de la Justicia de cada provincia adherida a la Ley 27.348 en crear los cuerpos médicos forenses en ellas. Se suma, además, el agravante de las tasas de interés aplicadas en la actualización de los créditos laborales muy por encima del rendimiento de las inversiones y el incumplimiento del plazo de caducidad estipulado en la ley para presentar demanda judicial, luego de haber recibido el dictamen de las Comisiones Médicas del sistema.

Cada provincia tiene un plazo propio aprobado en su respectiva adhesión, mientras que la Ley Nacional 27.348, determinó 15 días hábiles, lapso que rige en CABA.

Estos 8 años de retraso en adecuarse a lo exigido por ley, y completar la reforma, han generado un efecto boomerang volviendo, en cantidad de demandas, casi al punto de partida.

Por ello, desde la UART afirman que es urgente ordenar el descalabro de las pericias judiciales en el ámbito laboral, constituyendo, tal como lo prevé claramente la ley:

- Cuerpos de profesionales especializados en medicina del trabajo.

- Que cobren honorarios por acto médico y no porcentuales de sentencias.

- Que apliquen adecuadamente la tabla oficial de medición de incapacidades remanentes de un accidente laboral.

"Si nuestro país quiere reconstituir su economía y competir globalmente con toda su enorme capacidad y potencial, debería corregir cuanto antes este 'costo judicial argentino´ que se ha convertido en un costo estructural denunciado ya por todos los actores de nuestra economía", señalaron desde la entidad.

Los porcentajes de siniestralidad locales son semejantes a los de Chile y España, pero los de judicialidad son hasta 20 veces superiores, "descolocando así cualquier esfuerzo productivo y competitivo", concluyeron.