Desde el estallido del conflicto, la prioridad oficial no fue tanto resolver el reclamo salarial y laboral de los uniformados como evitar que la protesta derivara en un escenario de descontrol en las calles. El recuerdo del levantamiento policial de 2013 sobrevoló durante días la Casa Gris, marcando el tono de una respuesta defensiva y tardía.

En cada aparición pública, tanto del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, como del propio Pullaro, el mensaje fue reiterativo: el servicio policial se vio resentido, pero no colapsó.

El énfasis no fue casual. Un quiebre total del orden público habría involucrado a la sociedad en pleno y desatado consecuencias políticas y judiciales difíciles de administrar. En los despachos oficiales, evitar ese peor escenario hoy se exhibe como un logro, aunque el costo haya sido alto.

El oficialismo también se aferra a la rapidez con la que se cerró el conflicto, apenas 48 horas después del pico de tensión en Rosario. La lectura interna es que esa celeridad respondió al involucramiento directo del gobernador en el área de seguridad, un rubro que Pullaro controla de manera personal y cotidiana.

Sin embargo, esa misma centralidad dejó en evidencia que el malestar era conocido y no fue atendido a tiempo.

La puesta en escena del cierre del conflicto también fue cuidadosamente calculada. La conferencia del gobernador se realizó en la previa del cambio de guardia policial y cuando la atención mediática nacional ya se había corrido hacia los incidentes en el Congreso por la reforma laboral.

En el gobierno admiten, en voz baja, que la exposición mediática previa había alimentado el clima de rebelión, amplificado además por la circulación de versiones falsas y mensajes incendiarios en redes sociales.

El Ejecutivo provincial reconoce, además, que el reclamo tenía bases reales. Esa certeza moderó la respuesta represiva y aceleró las negociaciones, aunque sin impedir que se filtraran intereses políticos y disputas internas.

En ese contexto, generaron ruido los mensajes de la diputada libertaria Romina Diez, que luego desaparecieron abruptamente del debate público. En la Casa Gris atribuyen ese silencio a una orden directa desde la Casa Rosada, temerosa de un efecto contagio en otras fuerzas de seguridad con salarios aún más deteriorados.

Pero más allá del cierre formal, el daño está hecho. El vínculo entre el gobierno y las fuerzas de seguridad quedó seriamente erosionado, no solo con la policía sino también con el Servicio Penitenciario.

El malestar atraviesa salarios, adicionales, condiciones laborales y una organización del trabajo que obliga a muchos efectivos a recorrer cientos de kilómetros para cumplir funciones, una realidad que salió a la luz recién cuando estalló el conflicto.

Puertas adentro, incluso reconocen que la crisis podría haberse evitado. Las quejas habían sido transmitidas por los propios jefes policiales, pero modificar la mecánica de trabajo implicaba, según la lógica oficial, poner en riesgo la estrategia de seguridad. Ese riesgo fue descartado y el costo político se pagó después.

La ausencia de canales formales de representación, producto de la prohibición de sindicalización, agravó el escenario. Sin interlocutores claros, el conflicto escaló sin filtros ni válvulas de escape. Algunas miradas vuelven ahora sobre experiencias pasadas, como las comisiones de trabajo creadas tras el levantamiento de 2013, como posibles salidas institucionales a un problema que sigue latente.

Con las brasas aún calientes, en la Casa Gris admiten que el gobierno sale golpeado. La crisis estalló en el corazón del relato pullarista y dejó al descubierto el enojo de un sector que el propio oficialismo reivindica de manera constante. Aunque el Ejecutivo insiste en mostrarse en control, el motín policial marcó un antes y un después.

Este domingo, cuando Pullaro abra las sesiones ordinarias de la Legislatura, el conflicto será imposible de esquivar. Porque más allá del discurso, la Santa Fe que dejó el motín ya no es la misma, y el gobernador lo sabe.