"Cuando se arma un presupuesto nacional o provincial, la educación es como que siempre queda para lo último. Hasta te diría que se le da lo que sobra", afirmó la legisladora.

Para Granata, la discusión sobre las cuentas públicas no puede desvincularse de las necesidades sociales y educativas del país. En ese sentido, cuestionó la centralidad que el Gobierno nacional otorga al equilibrio fiscal y remarcó que el desarrollo económico depende directamente de la formación de la población.

"No todo es déficit cero, no todo es equilibrio fiscal ni economía. Un país puede tener las cuentas ordenadas, pero si no tiene gente educada y formada está condenado", sostuvo.

Las críticas de la diputada se producen en un contexto de fuerte ajuste sobre áreas sensibles del Estado. Universidades nacionales, organismos científicos, programas educativos y prestaciones vinculadas a la discapacidad vienen denunciando recortes presupuestarios y dificultades para sostener servicios básicos desde la llegada de la administración libertaria.

Granata vinculó directamente esas decisiones con las dificultades que enfrentan estudiantes con dislexia y otras condiciones que requieren acompañamiento específico dentro del sistema educativo. Según explicó, los problemas no se limitan a la falta de recursos económicos, sino que también involucran falencias en la capacitación docente y en la implementación efectiva de las leyes existentes.

"Es un problema de preparación, de formación y también de una política que muchas veces mira para otro lado", señaló.

La legisladora destacó que la dislexia existió siempre, aunque durante décadas fue confundida con problemas de conducta o bajo rendimiento escolar. En ese sentido, consideró indispensable que el Estado invierta en capacitación docente y en herramientas que permitan identificar tempranamente estas situaciones para evitar el abandono escolar.

"No podemos permitir que estos chicos abandonen la escuela por falta de acompañamiento", remarcó.

Además, reclamó que las provincias cumplan efectivamente con la Ley Nacional de Dislexia y cuestionó la falta de respuestas de los gobiernos a los pedidos de información sobre su implementación.

Pero las críticas más duras estuvieron dirigidas a las políticas de ajuste sobre discapacidad. Consultada sobre el debate abierto en torno al financiamiento de prestaciones para personas con discapacidad, Granata sostuvo que muchas decisiones oficiales parten del desconocimiento de la realidad cotidiana que enfrentan miles de familias.

"Cuando se habla tan despectivamente o no se pone el foco en dar un presupuesto real para la discapacidad, es porque se habla desde la ignorancia y el desconocimiento", afirmó.

La diputada explicó que muchas familias deben afrontar costos elevados para garantizar traslados, tratamientos, acompañamiento terapéutico y actividades educativas complementarias para sus hijos. Según indicó, reducir recursos en esas áreas implica trasladar una carga imposible de sostener para gran parte de la población.

A modo de balance, Granata insistió en que la educación debería ocupar un lugar prioritario en cualquier proyecto de país y cuestionó que continúe siendo una de las primeras víctimas de los recortes presupuestarios.

"Si realmente queremos que la Argentina salga adelante, el primer ítem de cualquier plan económico debería ser la educación. La economía nunca va a florecer si no hay educación. Es la base de todo lo demás", concluyó.

Sus declaraciones se suman a los cuestionamientos que distintos sectores educativos, sindicales y sociales vienen formulando contra el ajuste impulsado por el Gobierno nacional, en un escenario donde la discusión sobre el déficit fiscal continúa chocando con las demandas de inversión en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo del país.