El problema político es que el nuevo avance represivo aparece en un contexto donde la violencia y la inseguridad continúan siendo una de las principales preocupaciones en Santa Fe, pese a que Pullaro convirtió la “mano dura” en el eje central de su gestión desde el primer día.

Entre los proyectos enviados figura la llamada “Ley Antimafia”, que apunta a endurecer herramientas de investigación y persecución penal contra organizaciones criminales. También se incluyen modificaciones procesales para acelerar allanamientos y ampliar capacidades operativas de las fuerzas de seguridad provinciales.

Desde el oficialismo sostienen que las medidas son necesarias para enfrentar estructuras narco cada vez más violentas. Sin embargo, críticos advierten que muchas de las reformas avanzan sobre garantías individuales y refuerzan una lógica de excepción permanente que podría derivar en abusos policiales y mayor conflictividad social.

La discusión no es menor en una provincia históricamente atravesada por denuncias de corrupción policial, connivencia con el narcotráfico y violencia institucional. Organizaciones sociales remarcan justamente que ampliar poder represivo sin reformas profundas en las fuerzas de seguridad puede agravar problemas estructurales ya existentes.

Además, el paquete legislativo llega acompañado por un fuerte discurso político de confrontación y orden, estrategia que Pullaro utiliza para consolidar perfil nacional dentro de la oposición dialoguista y posicionarse como uno de los dirigentes más duros en materia de seguridad.

Pero detrás del relato oficial aparece otra realidad incómoda: Rosario continúa atravesando niveles alarmantes de violencia, el narcotráfico mantiene capacidad operativa y la sensación de inseguridad sigue alta pese a la militarización y los anuncios permanentes del gobierno provincial.

Sectores opositores cuestionan además que la gestión concentre gran parte de su agenda en medidas punitivas mientras persisten problemas sociales profundos vinculados a pobreza, exclusión y falta de oportunidades para jóvenes en barrios vulnerables.

La avanzada legislativa también reabre el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos civiles. Especialistas advierten que muchas veces los gobiernos recurren al endurecimiento penal para mostrar iniciativa política rápida frente a la demanda social de seguridad, aunque los resultados concretos a largo plazo sean limitados.

En el caso de Pullaro, el riesgo político es evidente: cuanto más endurece el discurso y las medidas, mayor es también la expectativa de resultados inmediatos. Y si la violencia no disminuye de manera sostenida, el gobernador podría quedar atrapado en la misma lógica de mano dura que hoy intenta profundizar.

Mientras tanto, el paquete de leyes avanza hacia una discusión legislativa que promete alta tensión política y social. Lo que está en juego no es solo una reforma de seguridad, sino el modelo de respuesta estatal que Santa Fe adoptará frente a una crisis criminal que lleva años sin resolverse.