Las notificaciones incluyen el detalle del monto a abonar y los medios de pago habilitados. El plazo establecido es de cinco días y, en caso de incumplimiento, los antecedentes son remitidos a la Fiscalía de Estado para avanzar con acciones judiciales.

Uno de los episodios reflejó el impacto de estas medidas en el ámbito familiar: al recibir la notificación, una abuela increpó a su nieto por el hecho, luego de que se le informara que debía afrontar un pago superior a los 5,8 millones de pesos por los costos del operativo.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, remarcó que “no se trata de una broma ni de una multa”, sino de una deuda civil que corresponde al costo exacto de cada despliegue. En ese sentido, explicó que los montos se calculan en función de los recursos utilizados, como combustible, móviles, horas de servicio y la intervención de brigadas especializadas, entre ellas las de explosivos.

Asimismo, el funcionario aclaró que esta acción es independiente de cualquier causa penal y se enmarca en el Código Civil y Comercial, lo que habilita medidas como embargos de sueldo o inhibición de bienes en caso de falta de pago.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el proceso continuará a medida que la Fiscalía valide las identidades de los involucrados, con el objetivo de reforzar la responsabilidad y desalentar este tipo de conductas que generan alarma social y un importante despliegue de recursos estatales.