​Tenso cruce en redes: argumentos constitucionales

​El debate escaló en la plataforma X (ex Twitter), donde la diputada Bellatti intentó defender su postura citando los artículos del Código Penal que sancionan el falso testimonio. Sin embargo, Castro desarmó la respuesta oficialista con una precisión legal que dejó en evidencia los vacíos del sistema.

​"Incentivar la denuncia 'porque sí' sin controles rompe la Presunción de Inocencia (Art. 18 CN) y fomenta el Abuso del Derecho (Art. 10 CCCN)", replicó Castro de forma contundente. El referente recordó además que leyes como la Nacional 26.485 y la Provincial 13.348 ya garantizan el acceso a la justicia, advirtiendo que sumar incentivos sin filtros de veracidad solo facilitará el fraude procesal y el colapso del sistema.

​Familias destruidas y el costo de la mentira

​En el marco de este intercambio, Castro fue tajante sobre las consecuencias colaterales de las denuncias sin sustento. "Detrás de una denuncia falsa hay familias enteras destruidas. Estamos viendo padres injustamente alejados de sus hijos y niños que crecen con vínculos rotos por culpa de una aplicación dogmática de la perspectiva de género que, en muchos casos, olvida la presunción de inocencia", explicó el presidente de Seamos Libres.

​Según el dirigente, oponerse a la propuesta de la senadora Losada es permitir que la ley se siga utilizando como un arma de revancha personal. "Cuando la ideología se pone por encima de la verdad, los más vulnerables terminan siendo los niños, rehenes de procesos judiciales eternos basados en mentiras que hoy no tienen castigo", sentenció.

​El debate por los recursos: ¿a quién protegemos?

​Castro también hizo hincapié en la eficiencia de los recursos públicos. Argumentó que cada vez que el Estado moviliza su estructura para investigar un relato fabricado, se le resta capacidad de respuesta a una mujer que realmente está en peligro de muerte. "Oponerse a castigar la mentira con rigor es, en los hechos, permitir que el sistema se colapse, dejando desamparadas a las víctimas legítimas".

​La propuesta: gestión y prevención real

​Frente al vacío que deja la legislación actual, Castro propuso una solución superadora que apunta a la eficacia operativa: "La solución no es incentivar denuncias, sino garantizar protección real", sostuvo. Entre los puntos clave de su propuesta preventiva, destacó:

​Unidades de Validación Temprana: equipos periciales que filtren la mala fe de entrada para que el sistema no se llene de causas armadas.

​Monitoreo Tecnológico: priorizar el uso de tobilleras electrónicas para agresores reales en lugar de meras restricciones de papel que no se controlan.

​Sanción al Fraude Procesal: que quien use la ley para obtener ventajas en divorcios o tenencias pague con el rigor que establece el Art. 10 del CCCN.

​Un llamado a la racionalidad política

​A su vez, Gonzalo Castro lamentó que el debate se vea empañado por sesgos ideológicos que impiden un análisis técnico. "Es preocupante que una visión ideológica nuble algo que debería ser favorable para todos los ciudadanos. El proyecto de Carolina Losada es una herramienta de transparencia. Una justicia justa es aquella que protege al inocente, resguarda el interés superior del niño y castiga al culpable, sin que la bandera política interfiera en la aplicación de la ley"

Respuesta de Bellatti

Tas los cuestionamientos de Castro, Bellatti respondió por medio de la red social X haciendo alusión a la existencia de los artículos 245 y 275 en el Código Penal que sancionan las conductas mencionadas y sostuvo: “En ningún lugar se dice que no hay que aplicar la ley cuando sucede”.

El contrapunto concluyó con una nueva respuesta de Castro: "Incentivar la denuncia "porque sí" sin controles rompe la Presunción de Inocencia (Art. 18 CN) y fomenta el Abuso del Derecho (Art. 10 CCCN). La Ley 26.485 y la provincial 13.348 ya garantizan el acceso; sumar incentivos sin filtros solo facilitará el fraude procesal", argumentó.