“Vemos que en San Cristóbal hay obras con un 52 por ciento de avance y no se terminan, pero en otras ciudades sí se finalizan algunas que tenían apenas un 8 por ciento. Es una injusticia”, disparó Michlig, dejando entrever posibles manejos discrecionales dentro del propio gobierno.

La respuesta no tardó en llegar. La senadora Leticia Di Gregorio, quien ocupa la banca de Enrico tras su pedido de licencia, salió en defensa del ministro con números en mano y un tono igual de filoso. Negó cualquier tipo de favoritismo y aseguró que la obra pública se distribuye de manera equitativa en toda la provincia.

Sin embargo, lejos de apaciguar las aguas, sus declaraciones avivaron aún más la polémica. “Me pareció raro un pedido de informes a su propio gobierno, creo que hay algo de animosidad, algo personal”, lanzó, dejando expuesta la interna política que atraviesa al oficialismo.

Michlig, lejos de retroceder, redobló la apuesta y puso el foco en un punto aún más sensible: la situación administrativa de Enrico. El vicegobernador cuestionó que el ministro no haya renunciado a su banca legislativa y que, en cambio, haya optado por una licencia que permitió el ingreso de su reemplazante.

“Convalidamos una situación que ha sido muy criticada. Se quedó con dos cargos y fue reemplazado por usted. Me arrepiento de haber aprobado eso”, sentenció, en un mensaje que dejó en evidencia no solo el malestar interno, sino también las contradicciones de una gestión que prometía transparencia.

El episodio deja al descubierto un problema mayor: la falta de cohesión y conducción política dentro del gobierno de Pullaro. Mientras los funcionarios se cruzan en público y exponen sus diferencias sin filtros, los problemas estructurales —como el acceso a la vivienda— siguen sin resolverse para cientos de familias santafesinas que esperan respuestas concretas.