Entre los principales cuestionamientos aparece el señalamiento al destino de fondos públicos. Desde estos sectores denuncian que la gestión de Pullaro asignó millonarios recursos a programas de capacitación vinculados a grupos económicos, como la fundación Pérez Companc, a la que consideran parte del entramado empresarial que se benefició durante el régimen militar. Según sostienen, estas políticas abren la puerta a que actores privados incidan en contenidos y orientaciones de la educación pública.

Las críticas también apuntan a las condiciones laborales del sector docente. Las organizaciones denuncian recortes salariales, la implementación del presentismo y reformas previsionales que elevan la edad jubilatoria. A esto suman episodios de represión, allanamientos y causas judiciales contra trabajadores estatales, que interpretan como intentos de disciplinamiento.

El documento también vincula estas políticas provinciales con el contexto nacional, cuestionando al gobierno de Javier “Jamoncito” Milei por impulsar reformas laborales regresivas y medidas que, según afirman, limitan el derecho a la protesta. En ese marco, consideran que la declaración de la educación como actividad “esencial” apunta a restringir el derecho de huelga, una medida que comparan con intentos similares durante la última dictadura.

Otro eje de la convocatoria es la denuncia de la persistencia de la impunidad, tanto en relación a los crímenes del pasado como a situaciones actuales de violencia institucional. En particular, mencionan casos de jóvenes asesinados por fuerzas de seguridad en la provincia, así como el de la docente María de los Ángeles Paris, al que califican como un crimen aún no esclarecido.

La movilización también estará atravesada por debates internos dentro del movimiento sindical docente. Sectores convocantes cuestionan a dirigentes que, según plantean, han convalidado o negociado reformas perjudiciales para los trabajadores, y llaman a reconstruir una tradición sindical “combativa y democrática”.

Finalmente, las organizaciones convocantes marcaron diferencias con el documento oficial de la marcha, al que acusan de omitir responsabilidades políticas actuales y de incluir sectores que consideran cómplices de políticas regresivas. Por ello, anunciaron que participarán de la jornada con una columna independiente.

En un contexto de creciente conflictividad social y educativa en la provincia, la marcha del 24 de marzo en Santa Fe se perfila así no solo como una jornada de memoria, verdad y justicia, sino también como un escenario de fuerte disputa política, donde la figura de Pullaro queda en el centro de las críticas.