La resolución del juez federal Aldo Alurralde alcanza a cuatro personas, entre ellas Vaudagna y el ex jefe de la Sección Administrativa Carlos Ernesto Barrale.

También fueron imputados un funcionario y el representante del grupo favorecido. A todos se les fijó un embargo de 20 millones de pesos, aunque no se dispuso prisión preventiva.

Según la investigación impulsada por el fiscal federal Walter Rodríguez, los acusados manipularon el proceso licitatorio para beneficiar al “Fideicomiso La Plaza”, incorporando condiciones que dejaban fuera de competencia a otros oferentes. A cambio, habrían recibido pagos ilegales en efectivo, descritos en la causa como “sobres con dinero”.

La maniobra se remonta a 2010, cuando se diseñó un pliego a medida que coincidía con las características del inmueble ofrecido por el grupo favorecido. De acuerdo con los fiscales, Vaudagna no solo intervino en la elaboración del proceso, sino que también mantuvo vínculos directos con los beneficiarios para garantizar la adjudicación.

El expediente se desprende de otra investigación en la que se analizó el contenido del teléfono del ex funcionario, secuestrado en una causa vinculada a la empresa Vicentin. Ese material permitió destapar múltiples hechos de corrupción, incluyendo presuntas maniobras de evasión impositiva asesoradas desde el propio organismo recaudador.

Vaudagna, quien ya está implicado en varias causas, se presentó hace un año como imputado colaborador y reconoció su participación en distintos delitos. En este nuevo procesamiento, el juez le atribuye haber impulsado al menos cuatro procesos licitatorios irregulares, además de delitos como abuso de autoridad, violación de secreto y de los deberes de funcionario público.

Los investigadores también apuntan contra el rol del empresario Carlos Miguel Bsereni, apoderado del fideicomiso beneficiado, a quien acusan de haber pactado directamente con los funcionarios el resultado de la licitación y de ejercer influencia económica y política sobre ellos.