La iniciativa apunta al artículo 49 de la Ley 14.283, sancionada en 2024 únicamente con los votos del oficialismo, que habilita al Poder Ejecutivo provincial a adecuar automáticamente la edad jubilatoria en caso de cambios a nivel nacional.

El PJ busca cerrar esa puerta y obligar a que cualquier modificación previsional sea debatida y votada en la Legislatura.

El proyecto lleva las firmas de Omar Perotti, Celia Arena, Sonia Martorano, Marcos Corach, Miguel Rabbia, Lucila De Ponti, Walter Agosto, Verónica Baró Graf y Alejandra Rodenas.

La foto de unidad no es menor: hacía tiempo que el justicialismo no actuaba con este nivel de coordinación frente a un tema de alto impacto político y fiscal.

Desde el interbloque remarcaron que Santa Fe cuenta con autonomía previsional y que cualquier cambio en la edad jubilatoria debe surgir de un debate público y transparente, con participación de los representantes del pueblo.

También dejaron en claro que no acompañarán ningún endurecimiento del régimen para los empleados estatales.

La avanzada legislativa llega en el momento más delicado de la relación entre Pullaro y los gremios.

Tras ceder ante la protesta policial con aumentos de emergencia, el gobernador enfrenta ahora un fuerte conflicto docente, con amenazas de carpas blancas y nuevas medidas de fuerza en el arranque del ciclo lectivo.

En distintos actos oficiales fue escrachado por maestros, mientras en redes sociales se profundiza la confrontación entre funcionarios y sectores sindicales.

En ese escenario, el peronismo intenta capitalizar el malestar social y posicionarse como referencia política de los trabajadores públicos. Desde el oficialismo, en cambio, deslizan que detrás de las protestas habría intereses partidarios y sectores libertarios vinculados a la reciente revuelta policial.

Además de quitarle al Ejecutivo la posibilidad de elevar la edad jubilatoria por decreto, el proyecto propone derogar el artículo 2 de la ley de Emergencia Previsional, que estableció un aporte solidario extraordinario sobre los haberes jubilatorios.

Aunque Pullaro anunció que no prorrogará ese descuento, el PJ cuestiona haber habilitado el mecanismo y exige mayor claridad sobre la situación financiera de la Caja.

La iniciativa también busca eliminar el diferimiento de 60 días en la actualización de los haberes de jubilados y pensionados respecto de los activos, al considerar que esa demora implica una pérdida real del poder adquisitivo en un contexto inflacionario.

En paralelo, el diputado Miguel Rabbia presentó un pedido de informes para exigir precisiones sobre la eliminación del denominado aporte solidario y reclamar la devolución de lo descontado. Desde el bloque advirtieron que los jubilados no pueden ser la variable de ajuste y cuestionaron el manejo del Ejecutivo en materia previsional.

La rearticulación del justicialismo marca un nuevo frente de presión sobre el gobernador, que enfrenta desgaste político por la agenda salarial y por las tensiones internas dentro de la coalición oficialista.

En la Legislatura ya interpretan que el conflicto con estatales abrió una oportunidad para que la oposición recupere protagonismo y condicione el rumbo del Ejecutivo.