La protesta, protagonizada por agentes que denunciaban turnos extensos, desgaste operativo y dificultades familiares, expuso tensiones internas en la política de seguridad, un eje central de la gestión provincial.

Sin embargo, las medidas anunciadas por el gobernador para descomprimir la crisis se enfocaron en beneficios complementarios, mayor frecuencia de transporte gratuito, duplicación de la tarjeta alimentaria, garantía de hospedaje y fortalecimiento de la asistencia en salud mental, pero sin precisiones sobre una recomposición salarial estructural, que fue uno de los principales motores del reclamo policial. Esto abre interrogantes sobre si se trata de soluciones de fondo o respuestas paliativas frente a una crisis que escaló públicamente.

En paralelo, Pullaro politizó el conflicto al señalar que sectores de la oposición intentaron “sacar rédito” del reclamo, desplazando el eje del debate desde las condiciones laborales hacia la confrontación política.

La estrategia discursiva se dio en medio de una crisis con la fuerza de seguridad, un escenario donde históricamente se espera mayor foco en la gestión institucional que en la disputa partidaria.

Otro punto central del discurso fue la defensa de la obra pública provincial, que el mandatario afirmó que “volvió con todo”, incluso en un contexto donde reconoció el retiro del Estado nacional en múltiples áreas.

Allí surge otra tensión narrativa: mientras se subraya una inversión cercana a los 2 billones de pesos en poco más de dos años de gestión, no se detallaron fuentes concretas de financiamiento, impacto fiscal ni mecanismos técnicos que expliquen la sustentabilidad del volumen de obras anunciadas, que incluyen rutas, puentes, circunvalaciones y planes de infraestructura vial.

En ese mismo tramo, el gobernador aseguró que las obras se ejecutan “sin corrupción y con los mejores precios”, una afirmación de alto impacto político pero sin acompañamiento de auditorías, indicadores de transparencia o evaluaciones independientes que permitan verificar esa declaración en términos técnicos.

La distancia con el Gobierno nacional también se hizo presente de manera indirecta. Aunque evitó nombrar explícitamente al presidente Javier Milei, Pullaro destacó que la provincia debió hacerse cargo de prestaciones que Nación dejó de cubrir, como tratamientos para pacientes crónicos, medicación oncológica de alto costo y políticas de salud sexual y reproductiva.

Esta admisión implica, a la vez, una mayor presión sobre el presupuesto provincial, sin que se hayan detallado cifras precisas sobre el costo real de esa transferencia de responsabilidades.

En materia política, el mandatario sostuvo que 2026 será “el año de consolidación de los cambios”, pese a llevar más de dos años de gestión, lo que sugiere que las transformaciones aún no alcanzaron un nivel de estabilidad que permita exhibir resultados definitivos, en contraste con el tono de avance estructural que buscó transmitir durante el discurso.

Además, el tono general combinó una narrativa épica de recuperación de la paz con agradecimientos a la Policía y alusiones a un “pasado oscuro” de la provincia, en simultáneo con una crisis reciente dentro de la propia fuerza de seguridad.

La ausencia de una autocrítica profunda sobre el conflicto policial, sumada a la validación del reclamo y a las respuestas parciales anunciadas, deja abierta la discusión sobre el equilibrio entre el discurso político y la gestión concreta de una de las áreas más sensibles del gobierno santafesino.

En definitiva, la apertura legislativa mostró a un Pullaro que intenta sostener una agenda de obra pública, diferenciarse de Nación y reforzar su perfil de gestión, pero que al mismo tiempo expuso tensiones internas, ambigüedades fiscales y contradicciones discursivas en torno a la seguridad, el financiamiento estatal y la resolución de conflictos laborales dentro del aparato provincial.