El gobierno provincial había solicitado excluir a los ministros Rubén Weder, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez bajo el argumento de que, al estar próximos a jubilarse o haber iniciado trámites previsionales, podrían tener interés personal en las causas. Esos expedientes son clave porque definen la constitucionalidad de la ley previsional sancionada por la Legislatura de Santa Fe en 2024, que fijó topes y aportes extraordinarios para jubilados estatales con el objetivo de reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones.

Una estrategia judicial que se volvió en contra

La resolución judicial no solo rechazó el planteo, sino que dejó expuesto al Ejecutivo provincial. Según el tribunal, aceptar el argumento oficial implicaría que ningún magistrado podría intervenir en causas previsionales, ya que todos los jueces tienen expectativa de jubilarse en algún momento. La Corte también subrayó que la provincia no presentó prueba alguna que demostrara un interés directo y actual de los magistrados cuestionados.

En ámbitos judiciales se interpretó la maniobra como un intento de influir en la integración del tribunal para obtener un fallo favorable sobre la controvertida reforma previsional, cuestionada por centenares de amparos presentados —principalmente por trabajadores del propio Poder Judicial— contra los recortes y límites a haberes.

El carácter unánime del rechazo fue leído como un mensaje político e institucional: para los ministros, el pedido equivalía a una recusación sin causa, una herramienta excepcional que solo puede prosperar ante evidencia concreta de parcialidad. La Corte remarcó que el planteo llegó cuando los procesos estaban en su etapa final y con la integración del tribunal ya firme, lo que reforzó el argumento de extemporaneidad.

Impacto político y judicial

La decisión se extiende automáticamente a todas las causas similares en trámite, lo que implica que el gobierno provincial deberá litigar ante el mismo tribunal cuya imparcialidad había cuestionado. El episodio profundiza la tensión entre el Ejecutivo santafesino y sectores del Poder Judicial, donde algunos magistrados ya habían denunciado presiones institucionales.

El revés deja a la administración de Pullaro en una posición incómoda: lejos de apartar jueces, terminó convalidando la solidez del tribunal que deberá resolver la disputa más sensible de su programa económico —el futuro de la reforma jubilatoria— y alimentando críticas sobre una estrategia judicial considerada por especialistas como débil, tardía y jurídicamente improcedente.