El gobernador, Maximiliano Pullaro, en el centro de la tormenta. (Dibujo: NOVA)

La protesta de familiares de policías frente a la Jefatura de Rosario expuso una fisura que el gobierno de Maximiliano Pullaro se esfuerza por encuadrar como “inorgánica” y de reclamos “difusos”, pero que remite a problemas estructurales que la gestión provincial no logra —o no quiere— abordar de fondo. Salarios deteriorados, jornadas extenuantes, desarraigo territorial y una crisis de bienestar que se expresa de la manera más trágica: el aumento de suicidios en las fuerzas de seguridad.

La manifestación, que se extendió durante horas y llegó a bloquear parcialmente la salida de patrulleros, no fue masiva. Sin embargo, su impacto simbólico fue fuerte. Familias a cara descubierta, bocinazos, pancartas y la referencia directa al suicidio de un suboficial en la propia Jefatura donde se concentraban pusieron en primer plano una agenda incómoda para el oficialismo. La respuesta del Ejecutivo santafesino fue inmediata y conocida: relativizar la representatividad, subrayar que el servicio “no se resintió” y advertir que, de ser necesario, se despejaría el lugar “por la fuerza”.

Ese reflejo político dice más de la gestión que de los manifestantes. Mientras el Ministerio de Seguridad insiste en que los pedidos carecen de precisión, las demandas que circulan desde hace semanas son claras: recomposición salarial, condiciones laborales dignas y que las familias policiales no queden bajo la línea de pobreza. El gobierno admite, incluso, que el conflicto se concentra en el escalón más bajo de la pirámide: suboficiales jóvenes, muchos del norte provincial, destinados a Rosario, obligados a viajes de hasta 700 kilómetros y con escasa contención institucional.

La tragedia del efectivo que se quitó la vida no puede leerse como un hecho aislado ni diluirse en estadísticas generales. En la zona de Rosario, durante 2025, se contabilizaron 17 suicidios de personal de fuerzas de seguridad. Frente a ese dato, la administración Pullaro opta por una explicación macro —el aumento de la tasa de suicidios a nivel país— que evita asumir responsabilidades específicas sobre las condiciones de trabajo, la salud mental y los dispositivos de acompañamiento dentro de la fuerza provincial.

El mensaje oficial apunta a desactivar el conflicto sin discutir su raíz: reuniones con funcionarios de segunda y tercera línea, cuestionamientos a los interlocutores y una narrativa que sugiere intereses “infieles” entre los convocantes. Es una estrategia de desgaste que puede funcionar en lo inmediato, pero que deja intacta la tensión de fondo. Porque si algo mostró la protesta es que el problema no es la “ambigüedad” de los reclamos, sino la incapacidad del gobierno de ofrecer respuestas concretas a un deterioro que ya no se oculta.

Pullaro construyó buena parte de su capital político sobre la promesa de orden y seguridad. Hoy, ese discurso choca con una realidad incómoda: quienes sostienen el sistema de seguridad reclaman por salarios y bienestar básico, y sus familias salen a la calle para hacerlo visible. Minimizarlo, amenazar con el uso de la fuerza y reducirlo a una protesta sin representación puede calmar la coyuntura, pero profundiza una crisis que atraviesa al Estado santafesino y que, tarde o temprano, volverá a estallar.