Durante tres años, Zurvera desplegó un elaborado sistema de fraude basado en documentación apócrifa, firmas digitales falsificadas de magistrados y la simulación de un estudio jurídico.

La investigación del Ministerio Público de la Acusación reveló que contó con la participación involuntaria de un letrado local, también víctima del engaño.

El fiscal Guillermo Loyola, a cargo del caso en Rafaela, detalló que el acusado seleccionaba personas en situaciones legales urgentes.

Les ofrecía representación judicial, cobraba anticipos por servicios y gastos administrativos, y luego sostenía la farsa mediante dilaciones y papeles falsificados.

Solamente en los primeros once meses de 2025, Zurvera recibió transferencias por 18 millones de pesos.

El monto total defraudado alcanzó los 54 millones, con un mínimo de diez casos confirmados, aunque continúan sumándose denuncias.

La credibilidad del imputado se vio reforzada por su rol en el Club Unión de Sunchales, donde ocupó la vicepresidencia primera.

Tras estallar el escándalo, la entidad emitió un pronunciamiento público deslindándose del caso y remarcando su naturaleza privada.

Durante su declaración indagatoria, Zurvera mostró un quiebre emocional y atribuyó su conducta a frustraciones personales. El fiscal fue contundente: "No existe justificación posible".

El juez penal Javier Bottero rechazó los argumentos defensivos y ordenó prisión preventiva sin límite temporal.

"El ardid es manifiesto. Hasta un estudiante con conocimientos básicos reconocería esto como estafa", señaló el magistrado.

Más allá del daño patrimonial, las víctimas subrayaron el impacto psicológico.

"Lo peor fue la traición emocional, no solo el dinero perdido", expresó una damnificada que contrajo deudas para costear trámites inexistentes.