No se trata de un encuentro más. Será la primera reunión no institucional entre el gobernador y los jueces del máximo tribunal desde que Pullaro asumió, y ocurre justo cuando su gestión atraviesa la mitad del mandato. Pero, sobre todo, se da a menos de una semana de que el Poder Ejecutivo active el envío a la Legislatura de los pliegos para cubrir las vacantes en la Corte, luego de un proceso de recambio impulsado desde la Casa Gris que estuvo marcado por presiones, tensiones y reformas a medida.

La independencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no es un detalle protocolar ni una formalidad abstracta: es uno de los pilares del sistema republicano. Por eso, que el gobernador comparta una cena “de camaradería” con jueces que hasta hace poco estuvieron bajo una fuerte ofensiva política para acelerar su salida despierta más preguntas que tranquilidad. ¿Qué mensaje se transmite a la sociedad cuando quienes deben controlarse mutuamente terminan sentados a la misma mesa, celebrando el cierre de un proceso que estuvo lejos de ser armónico?

El recambio de la Corte santafesina no fue el resultado natural del paso del tiempo ni de consensos amplios. Desde el inicio de su gestión, Pullaro promovió una profunda reconfiguración del máximo tribunal, primero ampliando el número de sus miembros, luego imponiendo el límite etario de 75 años —incorporado posteriormente a la Constitución reformada— y, en paralelo, presionando políticamente a los ministros para que anticiparan su retiro.

La relación entre ambos poderes estuvo signada por la hostilidad, con episodios que rozaron lo inédito, como la citación a los jueces a las siete de la mañana de un domingo para discutir, entre otros temas, una reforma jubilatoria impulsada por el Ejecutivo.

Ese encuentro dominical de septiembre de 2024 no fue un gesto de diálogo institucional, sino una demostración de poder. La reforma previsional, que declaró la emergencia y fijó nuevos topes a los haberes, impactaba directamente sobre el Poder Judicial. Convocar a los magistrados en ese contexto y en ese horario fue leído, incluso dentro del propio sistema judicial, como una señal de disciplinamiento más que de cooperación republicana.

A lo largo del proceso también hubo fricciones por partidas presupuestarias, cobertura de vacantes y advertencias explícitas de que el recambio podía forzarse por decreto si no había acuerdo. Finalmente, las renuncias llegaron: primero María Angélica Gastaldi, luego Mario Netri y, más recientemente, Eduardo Spuller, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez, con fechas de salida ya definidas para 2026. El Ejecutivo logró su objetivo político: una Corte renovada bajo nuevas reglas, diseñadas durante su propia gestión.

En ese marco, la cena de este lunes aparece menos como un gesto de distensión y más como un cierre simbólico de un proceso en el que el Poder Ejecutivo avanzó decididamente sobre el Judicial. Que todos “se sienten a la misma mesa” puede leerse como una postal de concordia, pero también como la imagen final de una relación desigual, donde la independencia judicial quedó subordinada a la lógica del poder político de turno.

Pullaro se ha mostrado públicamente como un defensor de los acuerdos y del diálogo institucional. Sin embargo, los hechos indican que esos acuerdos llegaron después de fuertes presiones y reformas que debilitaron la autonomía del máximo tribunal. La cena, lejos de despejar dudas, refuerza la sensación de que en Santa Fe los límites entre los poderes del Estado se volvieron peligrosamente difusos.

En tiempos donde la confianza en las instituciones está en juego, los gestos importan tanto como las normas. Y un gobernador que cena con jueces a los que recientemente condicionó políticamente no fortalece la República: la pone en cuestión.