Durante la supervisión del operativo, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, destacó que se trata de una política que estaría dando “resultados concretos” en la reducción de la violencia y en el combate a la sensación de impunidad. No obstante, en los barrios más golpeados por el narcotráfico persiste la percepción de que, tras cada demolición, nuevas estructuras o puntos de venta reaparecen, muchas veces a pocas cuadras de distancia.

El propio funcionario recordó que Rosario atravesó “los dos años más violentos de su historia reciente”, en 2022 y 2023, con tasas de homicidios vinculadas al accionar de organizaciones criminales, falencias en el control del sistema penitenciario y una amplia libertad de acción de las bandas en el territorio. Desde el Gobierno sostienen que esta situación comenzó a revertirse a partir del trabajo articulado entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público de la Acusación.

Sin embargo, el enfoque centrado en el derribo de búnkeres vuelve a generar interrogantes sobre la profundidad de la política de seguridad. Mientras se multiplican las demoliciones, el narcotráfico continúa adaptándose, desplazándose y regenerándose en los mismos barrios, donde persisten la exclusión social, la falta de oportunidades y la presencia de estructuras criminales más amplias.

La Ley de Microtráfico aparece así como una herramienta visible y de fuerte impacto simbólico, pero que, para consolidar resultados sostenidos, requiere ser acompañada por políticas integrales que vayan más allá de la demolición de inmuebles. De lo contrario, el riesgo es que las cifras de búnkeres derribados sigan creciendo, mientras el problema de fondo continúa intacto.