El conflicto comenzó cuando Bieler limpió apenas seis hectáreas de renoval —menos del tres por ciento de su campo— que había avanzado sobre alambrados y viejas picadas.

El productor sostiene que solo removió monte secundario para mantener operativa su explotación ganadera, sin tocar bosque nativo original.

Sin embargo, la Secretaría de Ambiente provincial lo consideró desmonte ilegal.

Lo que preocupa al sector es la desproporción de la sanción y el atropello al debido proceso.

Con la multa ratificada por decreto de Pullaro, la Provincia inició un juicio de apremio que habilita el embargo del campo, mientras Bieler tramita un recurso contencioso administrativo ante la Cámara de lo Contencioso de Santa Fe.

Es decir, el gobierno avanza con la ejecución sin esperar el fallo judicial definitivo.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) envió una carta formal expresando "su fuerte preocupación" y solicitando la suspensión de las acciones.

La entidad advierte que avanzar simultáneamente con ambos procesos "desnaturaliza el carácter suspensivo" que deberían tener estos casos hasta que la Justicia se expida.

Para muchos productores del norte santafesino, la sanción es confiscatoria y sienta un precedente peligroso sobre el manejo de renovales en zonas ganaderas.

Bieler insiste en que la omisión del trámite previo fue un error administrativo, no una acción dolosa.

El caso expone la contradicción de una gestión que dice defender la producción pero aplica sanciones desproporcionadas sin respetar los plazos judiciales.

Mientras Pullaro se fotografía con el campo, su gobierno ejecuta embargos millonarios contra productores que aún no tienen sentencia firme.