Los robos se repiten con una facilidad que indigna. Ingresos nocturnos sin controles, destrozos en aulas, material didáctico arrancado de cuajo. Para los directivos, el mensaje es claro: si la escuela queda librada a su suerte, no es por casualidad sino por falta de decisión política. La sensación de desprotección es tan profunda que, según describieron docentes, ya ni siquiera hay expectativa de que la Provincia cumpla lo que debería ser su obligación mínima.

El malestar crece en un contexto en el que el Gobierno provincial anuncia planes de seguridad pero —en la experiencia de la comunidad— esos planes nunca llegan a las escuelas. Las familias recuerdan que los pedidos formales de intervención policial se repiten desde el año pasado, pero nadie acudió ni reforzó rondas. “Los chicos no pueden estudiar si el Estado no aparece”, dijo una madre que acompañó la protesta.

En el barrio, el reclamo encuentra eco: vecinos aseguran que la zona entera quedó sin vigilancia y que los robos a la escuela son apenas la parte más visible de un deterioro que, afirman, la provincia conoce pero no atiende. El clima de abandono alimenta la idea de que la seguridad pública se transformó en un problema delegado, no gestionado.

Mientras tanto, el Gobierno provincial se mantuvo en un silencio atroz frente a este nuevo episodio. Para la comunidad educativa, esa ausencia de respuesta es casi tan dañina como los robos mismos: señala, dicen, que la escuela pública no está entre las prioridades oficiales.