Entre los detenidos figuran el ex jefe del Comando Radioeléctrico Diego Santamaría, el ex titular de la Brigada Motorizada Héctor Saucedo y el comisario Daniel Acosta, quien condujo la Policía de Rosario en dos oportunidades. Todos están acusados de participar en un esquema sistemático de desvío de fondos públicos, con pérdidas estimadas en 65 millones de pesos mensuales, según una auditoría oficial.

Aunque el gobernador repite que “no se casa con nadie”, las irregularidades se acumulan en su gestión. La Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera, a cargo de Georgina Orciani, admitió que las primeras señales de corrupción se detectaron entre octubre y noviembre de 2024, pero las medidas concretas llegaron recién este año, cuando la situación ya era insostenible.

Pullaro insiste en que su administración “fue a fondo”, pero la realidad lo contradice: los jefes acusados fueron sostenidos durante meses pese a las sospechas y la investigación recién avanzó cuando el caso tomó estado público. La frase “les dimos todo” suena más a confesión que a defensa.

El gobierno provincial intenta mostrarse firme frente a los hechos, pero la trama del fraude en Rosario deja una conclusión inevitable: la corrupción policial sigue viva bajo la gestión de Pullaro, y el discurso del orden se desmorona ante la complicidad interna.