VIDEO | Chorros al por mayor: denuncian desvío millonario de fondos de ONG para campaña encubierta de Fuerza Patria
El bloque legislativo Provincias Unidas presentó una denuncia judicial contra la asociación civil 29 de Abril por presunta administración fraudulenta de fondos públicos, en un caso que involucra millonarios pagos destinados a publicidad en internet a favor de candidatos del espacio peronista santafesino Fuerza Patria.
Según la acusación, la asociación habría recibido 21.855.000 de pesos en concepto de publicidad digital que habrían beneficiado directamente a la principal candidata, Caren Tepp, y al exdiputado Oscar "Cachi" Martínez durante la última campaña electoral.
ESCÁNDALO EN SANTA FÉ: DENUNCIAN A LA KIRCHNERISTA CAREN TEPP POR MALVERSAR FONDOS DE UNA ONG PARA FINANCIAR SU CAMPAÑA pic.twitter.com/33Q4OJHfzX
— Espartano Libertario (@espartanolibert) October 30, 2025
Los cuestionamientos
Desde Provincias Unidas sostienen que existe una fuerte sospecha de que el dinero público habría sido desviado de su finalidad original para ser utilizado en la promoción de candidaturas políticas, lo que constituiría un delito de administración fraudulenta.
"Exigimos explicaciones inmediatas y una investigación exhaustiva sobre el destino real de estos fondos. No podemos permitir que el dinero de todos los santafesinos se utilice para hacer campaña política encubierta", señalaron desde el bloque denunciante.
Monto y destinatarios
La denuncia detalla que los pagos, que alcanzaron los casi 22 millones de pesos, habrían sido canalizados a través de la asociación civil 29 de Abril bajo la figura de contratación de servicios de publicidad en plataformas digitales.
Los principales señalados en la presentación judicial son Tepp, quien encabezó la lista de candidatos de Fuerza Patria en los últimos comicios, y "Cachi" Martínez, exlegislador provincial con amplia trayectoria en el peronismo santafesino.
Próximos pasos
La denuncia ya fue radicada ante la Justicia provincial, que deberá determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal.
De comprobarse las irregularidades denunciadas, los responsables podrían enfrentar cargos penales por administración fraudulenta y malversación de fondos públicos.
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