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Inspecciones

EPE detectó casi 20 mil fraudes eléctricos en 2025, pero persisten los reclamos por fallas en el servicio

Desde la EPE se informó que los usuarios involucrados reciben sanciones económicas y son denunciados ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que durante 2025 detectó 19.810 fraudes eléctricos en distintas localidades de Santa Fe, tras realizar más de 81.900 inspecciones en todo el territorio. Según los datos oficiales, estas acciones permitieron recuperar energía no registrada por un valor estimado en 2.900 millones, que -asegura la empresa- se destinarán a obras de infraestructura.

Sin embargo, mientras la EPE destaca el incremento del 381 por ciento en la recuperación de energía respecto al período 2022–2024, crecen las críticas de usuarios y asociaciones vecinales por los constantes cortes de luz, aumentos tarifarios y demoras en el mantenimiento del tendido eléctrico.

La empresa atribuye la mayor efectividad de los controles que alcanzó un 24,2 por ciento de detecciones- a un nuevo sistema basado en analítica de datos e inteligencia artificial, capaz de identificar patrones sospechosos en el consumo. Solo entre julio y septiembre se registraron 7.075 casos de “enganchados”, el trimestre con más detecciones desde que comenzó el programa.

Los operativos alcanzaron a más de 100 localidades, entre ellas Santa Fe (37.000 inspecciones), Rosario (21.500), Santo Tomé (4.500) y Rafaela (2.100). En algunos casos, se descubrieron fraudes millonarios, como una fábrica de neumáticos en Serodino con un consumo no registrado valuado en 133 millones, o un comercio de Zavalla que evadía 4 millones mediante una conexión clandestina.

Desde la empresa indicaron que los usuarios detectados enfrentan sanciones económicas y denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). No obstante, sectores opositores y organizaciones de consumidores advierten que, pese a los operativos y los fondos recuperados, el servicio sigue mostrando deficiencias estructurales y que la inversión prometida no se traduce en mejoras visibles en los barrios más afectados.

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