Escándalo en la tarifa social eléctrica: más de 18.000 casos sospechosos y un sistema sin control efectivo
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) confirmó que más de 18.000 domicilios están bajo investigación por presunto uso fraudulento de la tarifa social eléctrica. El número representa un 35 por ciento del total de beneficiarios y expone una falla grave en los mecanismos de control de un programa destinado a hogares en situación de vulnerabilidad.
La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, advirtió que la situación es “alarmante” y que no se trata de simples errores administrativos, sino de “acciones deliberadas para acceder a un beneficio que no corresponde”.
Los datos surgen de un cruce de información con organismos provinciales y nacionales que reveló inconsistencias y casos en los que usuarios con alto poder adquisitivo acceden a la tarifa subsidiada. Pese a la magnitud del problema, recién ahora la empresa inició un proceso de verificación que podría derivar en acciones legales y la recalificación de los servicios.
El fraude, advierten desde distintos sectores, no solo implica un perjuicio económico para el Estado, sino que también deja a miles de familias verdaderamente necesitadas en desventaja.
“La tarifa social es un derecho para los hogares más vulnerables, no un privilegio para quien sabe aprovechar las grietas del sistema”, remarcan desde organizaciones de consumidores.
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