El discurso oficial habla de “depuración” y “transparencia”. Pero en la práctica, los narcotests pueden convertirse en una herramienta de control interno arbitraria, sin garantías de defensa para los trabajadores ni protocolos claros de acompañamiento sanitario o psicológico. En lugar de políticas integrales de salud mental y prevención de adicciones, se opta por el castigo disciplinario puro y duro.

Además, el foco puesto en el consumo individual de sustancias desvía el debate sobre las verdaderas redes del narcotráfico, muchas de las cuales se sostienen gracias a la complicidad de altos mandos policiales, jueces, fiscales e incluso sectores de la política. El problema no es un agente que consume clonazepam, sino los que recaudan coimas, liberan zonas o encubren bandas enteras desde despachos oficiales.

Por otro lado, la medida puede profundizar la estigmatización y persecución dentro de las fuerzas, generando un ambiente laboral basado en el miedo y la delación. ¿Qué pasa con quienes consumen sustancias por motivos médicos o psiquiátricos? ¿Qué tipo de respaldo ofrece el Estado a quienes atraviesan situaciones de consumo problemático?