“Cuando se habla de catástrofe educativa, uno imagina un escenario extremadamente grave. En su informe, Goity hace afirmaciones inexactas que necesitamos discutir. Como legisladores, tenemos no solo el derecho, sino la obligación de saber qué piensa hacer el gobierno ante esta situación”, sostuvo Corach.

La citación se da en un contexto de fuerte malestar gremial, paritaria docente sin resolución, y creciente rechazo a lo que desde distintos sectores definen como una estrategia comunicacional del gobierno para responsabilizar a los docentes del deterioro educativo.

Corach también apuntó a la exclusión de los educadores en el diseño de políticas públicas: “Si el diagnóstico es tan grave, ¿están pensando una solución con los docentes o sin ellos? No se puede avanzar en un plan de mejora excluyendo a quienes están todos los días en las aulas”.

Críticas a la metodología de evaluación

El eje del conflicto gira en torno a una prueba estandarizada de lectura cuyos resultados fueron utilizados por el Ministerio para justificar una reforma urgente del sistema. Sin embargo, tanto desde el plano político como gremial se puso en duda la validez de ese instrumento.

“Es contradictorio decir que la solución es tener a los chicos en las aulas y luego presentar una evaluación que no tiene en cuenta la comprensión lectora, el contexto ni el proceso de alfabetización real”, señaló Corach. Además, advirtió que el “Plan Raíz”, presentado como eje de la transformación educativa, se apoya en categorías más propias de una lógica empresarial que pedagógica.

El proyecto legislativo que impulsa la citación indica que “la evaluación aplicada prioriza una mirada reduccionista de los procesos de enseñanza y aprendizaje, desconociendo trayectorias, contextos y la dimensión cultural de la alfabetización”.

El rechazo de los gremios docentes

Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, aseguró que los resultados “no prueban que los estudiantes no saben leer, sino que no superaron una evaluación estandarizada con una metodología cuestionable”. Además, denunció que la política educativa provincial se impone sin diálogo con los docentes, y en condiciones laborales cada vez más deterioradas.

“La escuela pública se sostiene por el esfuerzo de los trabajadores de la educación, que trabajamos en condiciones precarias y con sueldos por debajo de la línea de pobreza”, denunció Alonso.

Por su parte, Sadop (sindicato de docentes privados) consideró que el informe oficial forma parte de una estrategia política para desacreditar la labor docente. “No es casual que esto se publique justo después de que los gremios rechazaran por unanimidad la última oferta salarial. Se busca instalar la idea de que los docentes no quieren trabajar o que lo hacen mal, alimentando un imaginario dañino para toda la comunidad educativa”, expresaron.

Sadop también desmintió los argumentos oficiales sobre la supuesta falta de evaluación en años anteriores: “Lo que no se hacía eran mediciones estandarizadas que no reflejan la complejidad del proceso educativo. Eso no es lo mismo que no evaluar”.