Pullaro, alardeando de una supuesta ligereza en la tributación provincial, omite convenientemente mencionar el incremento del impuesto a los Ingresos Brutos que él mismo impulsó durante su gestión. Pasar de un 3.6 por ciento a un 4.5 por ciento no es un detalle menor, especialmente en un contexto económico donde los consumidores ya enfrentan una presión tributaria significativa.

Este aumento, que afecta directamente a una amplia gama de actividades económicas, contradice su narrativa de que la provincia grava minimally a los ciudadanos. ¿Cómo puede sostenerse que la carga provincial es mínima cuando, bajo su liderazgo, se subió un impuesto que impacta directamente en los precios al consumidor?

Además, parece ignorar o soslayar el hecho de que el IVA, el cual él cataloga como un impuesto exclusivamente nacional, es en realidad coparticipable. Esto significa que una porción substantial del IVA recaudado por la Nación se distribuye a las provincias, incluyendo Santa Fe.

En otras palabras, parte de esos 1.800 pesos que Pullaro atribuye únicamente al gobierno nacional terminan beneficiando las arcas provinciales. Esta omisión no es trivial; oculta la interdependencia fiscal entre los niveles de gobierno y distorsiona la percepción pública sobre quiénes son realmente los beneficiarios de los impuestos que pagan los ciudadanos.

La estrategia comunicativa de Pullaro parece diseñada para desviar la atención de las responsabilidades provinciales y proyectar la culpa de la alta carga tributaria hacia el gobierno nacional. Pero, esta táctica no resiste un escrutinio serio. El sistema tributario argentino es complejo, y los impuestos provinciales, como los Ingresos Brutos, se acumulan a lo largo de la cadena de valor, afectando finalmente al consumidor final. Negar o minimizar este impacto no solo es deshonesto, sino que también socava la confianza pública en las instituciones.

Otro aspecto preocupante es la falta de claridad en cómo se calculan estos 200 pesos de impuestos provinciales. Dado el aumento del Ingresos Brutos y la naturaleza cascada de este impuesto, es difícil creer que la contribución provincial sea tan insignificante como Pullaro sugiere.

¿Acaso el mandatario espera que los ciudadanos acepten ciegamente sus cifras sin cuestionar la metodología detrás de ellas? Esta actitud paternalista no solo es arrogante, sino que también ignora el derecho de los contribuyentes a una información fiscal transparente y precisa.

En última instancia, las contradicciones de Pullaro no son meras discrepancias técnicas; son síntomas de un enfoque político que prioriza la narrativa sobre la verdad. Al intentar pintar a Santa Fe como una provincia con una carga tributaria minimal, Pullaro no solo distorsiona la realidad, sino que también evade su responsabilidad de explicar cómo se utilizan los recursos provinciales.

Los ciudadanos de Santa Fe merecen un discurso fiscal que no solo sea claro, sino también honesto, uno que reconozca la complejidad del sistema tributario y asuma las decisiones tomadas por su administración.

Sin embargo, mientras continúe recurriendo a simplificaciones y omisiones, solo profundizará la brecha entre el gobierno y los gobernados. La pregunta que queda en el aire es: ¿estará dispuesto a enfrentar la verdad, o preferirá persistir en una narrativa que, al final del día, no resiste el escrutinio?