Una abogada tiene miedo que la maten por causa de un caso de abigeato que atiende
Desde 2009 Luciana González tiene a su cargo una causa por abigeato, famosa en el norte santafesino porque propició el desplazamiento de un juez y complica a funcionarios del Senasa y a policías rurales. Pero ahora tiene miedo, le cortaron los frenos de su auto
Señaló que las amenazas en su contra se multiplican. En dos oportunidades intentaron robarle las pruebas del caso e incluso le cortaron los frenos de su auto. Cree que desde el Colegio de Abogados le soltaron la mano y se siente indefensa.
González señaló que desde que comenzó el proceso –por el robo de 1.264 cabezas de ganado en el marco de un juicio sucesorio– fue blanco de amenazas. Sin embargo, no fue hasta hace poco más de una semana, que los mensajes intimidatorios tomaron otro color. Uno más oscuro.
El 1º de febrero –contó–, regresó a la casa que alquila en Reconquista, donde se queda cuando necesita trabajar en el caso, pero ya en la puerta notó algo raro. Las luces que había dejado prendidas estaban apagadas y además, la cerradura estaba trabada. Cuanto entró, notó que sus papeles y carpetas habían sido movidos de lugar. “Todo muy sigiloso, como para que no me de cuenta”, apuntó.
Pero lo que sucedió al día siguiente la dejó helada. Por consejo de un colega llevó su auto al taller. El mecánico le dijo que los frenos ABS del coche habían sido cortados.
Para la letrada fue la gota que colmó el vaso. Ya con el apartamiento del juez Virgilio Palud por irregularidades e incumplimiento de sus deberes de funcionario público –ahora sigue el caso el juez Jorge Galbucera–, las amenazas se habían intensificado con llamadas agresivas en fechas especiales –como su cumpleaños– hasta visitas a su propia casa.
El 23 de diciembre de 2012, apenas 15 minutos luego de abandonar un domicilio que tenía en Romang, cuatro personas intentaron ingresar a su casa, tal vez con el objetivo –deslizó– de robarle la documental de su custodia.
No obstante, nunca pensó que planearan atentar contra su vida. Por ello, ante la falta de respuestas del Colegio de Abogados local, decidió pedir protección a la Justicia y a tal efecto presentó una nota el 5 de febrero pasado. Tampoco obtuvo respuestas.
Sorprendido por esto último, Juan Manuel Constantini, vocal por la oposición del Colegio, señaló, también en contacto con la radio, que el directorio nunca informó a sus miembros sobre tal pedido y aseguró que la institución tiene la “obligación, desde el punto de vista humano y del ejercicio profesional”, de tender una ayuda a la colega. También pidió por la intervención del Ministerio de Justicia.
