La reconocida activista y abogada de Buenos Aires Graciela Vizcay Gomez, intimó a la obra social IAPOS de Santa Fe que, por tercera vez, se niega a proveer cobertura a un afiliado de la ciudad costera, que pide desde el 27 de mayo de 2019 la droga Nivolumab.

El afiliado es empleado del Estado santafesino hace 38 años; con solo 61 años de edad, ya fue operado hace cuatro años, donde le extirparon el riñón por un tumor.

Se llega a esta presentación porque no hubo acuerdo entre las partes. Al contrario, IAPOS amenazó de distintas formas a la abogada Vizcay Gomez, llamándola y hostigándola por celular, una mujer haciéndose pasar por apoderada del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe, que dijo llamarse Lihue Espinaco, siendo desmentida por el verdadero apoderado de ese Colegio. Luego, desde IAPOS, llamaron al dueño de la Radio Cadena OH! de Santa Fe, Carlos Delicia (del medio Sin Mordaza) al programa del reconocido periodista Juan Carlos Bettanin, "bajándola de la entrevista pactada, para que no salga a hablar mal de IAPOS".

Luego de este hecho mafioso, el director de IAPOS, Oscar Broggi, salió a desmentir en ese mismo medio, que el caso de Jorge Espíndola de Romang, "no era un caso de abandono de persona" sino que "Iapos se amparó en su reglamento para desestimar el pedido de un afiliado", cuando la realidad es que lo niegan por el precio y jamás un reglamento provincial puede ser superior a una ley nacional, lo que deja a las claras la desidia y la ignorancia del rafaelino puesto "a dedo" por el Grupo Tita, donde tiene intereses el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Por lo que la profesional espera su renuncia a la Dirección de la obra social.

La misma abogada litigió contra la obra social OSPRERA, de forma feroz, por una niña discapacitada de la misma ciudad, y otra de Villa Ocampo, casos de los que NOVA se ha hecho eco.

Lo que viene después de esta presentación, y que lleva adelante la misma abogada Vizcay Gomez, es una catarata de amparos contra la obra social, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, y el Gobierno Santa Fe, lo que convertiría al amparo en una acción de clase sin precedentes por la cantidad de actores, por las continuas quejas y denuncias de los afiliados, el pésimo servicio telefónico, y los cobros de un “plus” de los médicos de la cartilla, que son contrarios a la ley y abusivos. Amén de la connivencia del Gobierno santafesino y los descuentos ilegales que practica la Caja de Jubilaciones en los jubilados y pasivos de la administración, sin fundamento legal alguno.

Las metástasis pulmonares y pancreáticas avanzan y ningún tratamiento hace efecto, por lo que su médica de cabecera, la oncóloga María Gabriela Calafell (MP 3648), le prescribió el medicamento en fecha 21 de mayo 2019, que fue rechazado por la Auditoría de la obra social, que lleva la firmas de la abogadas Carina Fernández Carthery y María Virginia Tuells, y el urólogo Maximiliano Rumcheidt, todos de Santa Fe.

Los tres firmantes ni siquiera ofrecieron una opción, sino que se dedicaron a atacar al medicamento, porque según su pobre argumento “no hay evidencia científica de su eficacia”, cuando está aprobado por ANMAT, por la FDA, y la American Society of Health-System Pharmacists. El inyectable usualmente se administra una vez cada 2 o 4 semanas, dependiendo de la dosis, y por el tiempo que su médico recomiende que reciba el tratamiento. Porque el tema aquí es solo el costo del medicamento (según la dosis desde 70 a 180 mil pesos) y no sus contraindicaciones, que son las de otros medicamentos.

Desde 2016, la ANMAT considera al Nivolumab primera inmunoterapia para tratar a pacientes que sufren cáncer: "Permite que más pacientes estén vivos por más tiempo”, aseguraron en el Servicio de Oncología Clínica del Hospital Británico.

La inmunoterapia contra el cáncer fue designada como la Revelación Científica del año 2013 por la revista Science. Estamos hablando de calidad de vida, mientras IAPOS comete el delito de abandono de persona con este afiliado. En otro párrafo, el amparo cita que “a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, la Corte ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud comprendido dentro del derecho a la vida y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos: 321:1684 y 323:1339)”.

La abogada fundamentó su reclamo con una extensa jurisprudencia que tiene a IAPOS como demandada en cientos de amparos y en el reciente fallo de febrero de 2020 contra PAMI, donde el juez ordenó el cien por ciento de cobertura a una enferma de cáncer de La Plata, de la misma droga Nivolumab.