El freno de la ejecución atravesaría la campaña electoral a contramano de los manuales políticos que indican acelerar obras en tiempos de definiciones electorales.

La reunión fue una respuesta a la carta enviada a principios de semana por las delegaciones Rosario y Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) delegación al Ministerio provincial de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, encabezado por Silvina Frana, en la que exigían retoques en las redeterminaciones. El fondo de la cuestión es el atraso de pagos de certificados de obra que empiezan a acumularse, algunas desde diciembre.

Con esa situación delicada y la incertidumbre acerca de lo que suceda en los últimos meses de gestión, el secretario de Hacienda, Germán Rolandi, y el subsecretario de Proyectos de Inversión, Claudio Vissio, junto con la ministra Frana, explicaron a la dirigencia empresaria cómo la inflación impactó en los cálculos de los gastos de capital del Presupuesto 2023.

Se recordó que el gobierno venía pagando a 30 días, luego de un reclamo del sector a fines del año pasado, pero luego la situación llevó a retrasarlo a 70 días, cuando la ley autoriza hasta 90, no se cansan de recordar.

Pero con la situación macroeconómica del último tiempo las cuentas se complicaron: menos coparticipación, menos recaudación, menos todo. Si bien hubo un compromiso de regularización de las deudas, también se puso sobre la mesa la decisión de que algunas obras se ralenticen.

En rigor, se acordó con la Cámara analizar obra por obra, sin medidas generales, porque encuentran preciso tener en cuenta avances de las mismas, reclamos pendientes, envergaduras, etcétera.

La complejidad de ralentizar una obra, y más en este ambiente de costos sin referencia por la situación cambiaria, supone casi un freno de ejecución, aunque por ahora no se sabe cuáles ni qué cantidad serán las apuntadas. Hay en marcha escuelas, rutas, infraestructura hídrica, por sólo nombrar algunas.